Conflictos sociales y violencia en el departamento del Cesar, Colombia

Este artículo forma parte de un trabajo más amplio fundamentado en la aplicación de la metodología "Análisis del desarrollo relacionado con el conflicto" o CDA (por sus siglas en inglés), durante un ejercicio de diagnóstico en el departamento de Cesar, que consistió en analizar la situación del territorio para identificar las causas estructurales y las dinámicas de los conflictos, así como también las capacidades que tiene este territorio para la construcción de paz. Para dicho diagnóstico, además de sus causas y dinámicas, se tuvieron en cuenta sus impactos, sus actores y sus tendencias o escenarios posibles de evolución. Aquí se aborda la problemática de los conflictos sociales en torno a la tierra y su relación con sucesos de la misma naturaleza en el orden regional y nacional, incluido el conflicto armado.

Social Conflict and Violence in the Department of Cesar, Colombia

Omar Gutiérrez Lemus.Consultor independiente, Colombia. Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Ciencias Políticas, Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Correo electrónico: ojguti23@yahoo.fr

Artículo de investigación científica. Recibido: abril 19 de 2012. Aprobado: mayo 18 de 2012.

* Este artículo hace parte de un ejercicio más amplio de aplicación de la metodología “Conflict-related Development Analysis” en el departamento del Cesar, durante el 2010. Fue un trabajo de consultoría realizado para el Programa art-redes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud).

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Resumen

Palabras clave: conflictos agrarios, desarrollo regional, movilizaciones sociales, violencia política.

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Abstract

This article is part of a broader diagnostic exercise carried out in the department of Cesar using the “Conflict-Related Development Analysis” (CDA) methodology. The objective was to analyze the situation of the territory in order to identify the structural causes and the dynamics of conflict, as well as the region’s peace-building capabilities. In addition to the causes and dynamics of conflict, its impacts, actors, trends, and possible scenarios for evolution were taken into account for the diagnosis. The article also addresses the issue of social conflicts over land and their relation to similar conflicts at the regional and national level, including the armed conflict.

Keywords: agrarian conflicts, political violence, regional development, social mobilization.

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Al finalizar la década de 1970 se hizo evidente que el auge del cultivo de algodón había significado una ruptura, a medias, con un pasado de poco desarrollo económico e institucional en el departamento del Cesar. Cerca de treinta años de buenos precios internacionales y protección de la producción interna, no fueron suficientes para jalonar un impulso de desarrollo capitalista basado en un proceso de acumulación de capital, diversificación productiva, racionalización del trabajo y de la administración, avance tecnológico y fortalecimiento institucional (Bernal, F., 2004, p. 63). A finales de esta década se deshizo la prosperidad y la crisis coincidió con el arribo del ELN al Cesar. Sobrevendrían dos décadas de movilizaciones campesinas, sindicales y cívicas.

Un pasaje de la obra de Sánchez (2008) rememora este momento:

Vino luego la etapa de la violencia. Digamos que la violencia irrumpió con virulencia. Llegó con la bonanza del algodón. Es que los señores algodoneros trataban muy mal a los obreros. Los trataban demasiado mal, para ser sincero […] la gran mayoría de los algodoneros se burló de los derechos de los trabajadores. Y apareció la guerrilla. Es falsa esa tesis de que los guerrilleros se asomaron por estas tierras buscando el dinero de los millonarios ganaderos. Ellos llegaron invitados por los peones de sus fincas que los buscaban para hacerse respetar. Esta es la pura verdad. No hay otra. […]. (p. 170)

La dispersión de la dirigencia económica del departamento1 impidió sortear la crisis de la caída de los precios y la productividad en 1977; el gobierno de entonces tampoco optó por una política de rescate de la economía algodonera2 (Bernal, 2004, pp. 65-66). El resultado final fue el colapso de las instituciones políticas y el tejido social que habían florecido en la región con esta economía. La participación del Cesar en el PIB nacional descendió de 2,3% en 1975 a 0,1% en 1979; entró en crisis la producción ganadera y se perdieron miles de empleos para mano de obra calificada y no calificada (Bernal, 2004, pp. 70-78). La demanda productiva por la tierra3 decreció y se favoreció un proceso de relatifundización, que se manifestó en el crecimiento de las superficies cubiertas por las grandes propiedades y la disminución de las medianas4. La elite del Cesar se mostró incapaz para sortear la crisis y fomentar procesos de reconversión productiva5. Aumentó la agitación social y la guerrilla se expandió por los otrora prósperos municipios productores de algodón (Codazzi, Aguachica, Becerril). Sobrevendrían dos décadas de crisis económica6, hasta 1997, año de la irrupción de las AUC, lideradas por alias Jorge 40 y el Mono Mancuso.

1.La organización gremial de los algodoneros se atomizó; aparecieron distintas organizaciones que hicieron paralelismo y ahondaron más la crisis (Algodones Costeños, Corporación de Algodoneros del Litoral, Asociación de Algodoneros del Cesar).

2.Como lo advierten Fernando Bernal y Mauricio Archila, el modelo económico que venía implementando el Gobierno de López era menos proteccionista.

3.Bernal (2004) sostiene que la migración empresarial al Cesar, durante los años de auge algodonero, presionó a los grandes terratenientes a volver productivas muchas tierras y los benefició a través del aumento de la renta y el precio. Incluso la política de reforma agraria de los años sesenta fue un aliciente para la incorporación de nuevas tierras a la actividad productiva.

Los últimos años de la década de 1970 pueden proclamarse como el momento de inicio de un nuevo periodo de conflicto en el departamento del Cesar, hecho que no solo tiene relación con la refundación del Frente Camilo Torres del ELN en inmediaciones de la Serranía del Perijá, sino con un sinnúmero de manifestaciones cívicas, campesinas y sindicales en el norte y nororiente del país. Estas movilizaciones populares se mantendrían con intensidad hasta 1987, año en el que ocurrió el “Gran Paro Cívico del Nororiente”; la dinámica de la violencia política posterior a dicho paro se centró en sus organizadores y en los líderes o voceros de movimientos políticos regionales y organizaciones sociales y étnicas. Diez años después (1997) las redes sociales que habían sostenido incansables jornadas de reivindicaciones frente al Estado central, solicitando desarrollo social y territorial, defendiendo sus conquistas laborales, intentando incidir en las decisiones de gobierno en sus localidades o exigiendo respeto a sus derechos humanos, habían desaparecido o se encontraban en profunda crisis como resultado de la violencia, el desplazamiento forzado y el conflicto7.

Antecedentes de los conflictos por la tierra (1928-1946)

Se pueden rastrear conflictos por el acceso, la propiedad y el uso de la tierra en el Cesar, por lo menos desde 1928 (Le Grand, 1988, pp. 127-149)8. Sus protagonistas fueron los colonos-campesinos, los empresarios territoriales y los grandes terratenientes, y el escenario fundamental,

las riberas del río Magdalena9. Antes de aquella fecha, y mediante engaños prácticos en los acuerdos jurídicos de concesión de baldíos a particulares, los hacendados y empresarios habían despojado y marginado a los colonos y campesinos de buena parte de las tierras más fértiles y mejor localizadas a lo largo del río. El auge de la economía cafetera de la década de 192010 y el conjunto de reformas institucionales puestas en práctica por el último gobierno conservador de esa década (Miguel Abadía Méndez) y los liberales en los primero años de la década siguiente (Enrique Olaya Herrera y Alfonso López Pumarejo), contribuyeron a crear un ambiente propicio para que tales conflictos salieran a flote y los colonos-campesinos reclamaran sus derechos sobre la tierra. Esta ola de movilización social sacudió distintas zonas del país, incluido el sur y centro-occidente del Cesar.

4. El índice Gini que “[…] se utiliza como un indicador para medir el grado de concentración de la propiedad rural y de los ingresos. Cuanto más cercano a 1 esté el índice, más concentrada está la propiedad (pocos propietarios con mucha tierra), y cuanto más cercano a cero, mejor distribuida está la tierra (muchos propietarios con mucha tierra).” (PNUD, 2011) pasó de 65,22 en 1984 a 73,11 en 1997 (Bernal, 2004, p. 78). Según el Informe de Desarrollo Humano 2011, la cifra del índice de Gini para el Cesar era de 0,67 en 2009.

5. La elite latifundista, política y agroindustrial del Cesar mostraba una gran circularidad y comunidad de intereses.

6.El auge de la palma de aceite, el descubrimiento de los yacimientos de carbón y la instalación de explotaciones a cargo de empresas transnacionales cambiaría, en algún sentido, esta percepción colectiva de crisis.

7.Algunos estudios de Esmeralda Prada y de Mauricio Archila, para el caso de indígenas y campesinos, ratifican esta apreciación (Archila, 2004, p. 126).

8.El exhaustivo y brillante análisis de Le Grand comienza a mediados del siglo XIX, y explora lo que puede ser caracterizado como los orígenes estructurales del conflicto y la violencia en el agro colombiano.

De manera inmediata, estas movilizaciones agrarias se relacionaron con lo sucedido en el Magdalena Medio, donde se efectuaban obras de ampliación de la red de ferrocarriles y carreteras que conectaban con el río Magdalena y se hacían importantes inversiones en la explotación de petróleo (Tropical Oil Company, Shell Cóndor), factores que se conjugaron para producir una notable valorización de la tierra rural. Al norte, la industria bananera (United Fruit Company) y la ampliación de las actividades ganaderas también presionaban por la incorporación de nuevas tierras a la economía. Según Catherine Le Grand, la valorización de grandes zonas de baldíos en los años veinte, para dedicarlos a actividades productivas de exportación, puede explicar el aumento de los conflictos entre colonos-campesinos y empresarios o grandes propietarios en esta y otras regiones del país. Y fue precisamente en las mismas zonas de presión por la tierra, donde poco después, a partir de 1928, los campesinos reclamaron tierras al Estado; en estos mismos lugares surgieron las primeras, aunque precarias, organizaciones sindicales de trabajadores de los ferrocarriles, los puertos, las bananeras, el petróleo y el transporte fluvial, colectivos que protagonizaron movilizaciones, paros y huelgas contra el Estado y las empresas extranjeras (Archila, 1987 y 1989).

Sin embargo, como lo advierte Le Grand, las ya mencionadas transformaciones institucionales y políticas liberales, en especial la determinación de las autoridades nacionales, de aplicar una política en favor de los colonos, fueron el hecho fundamental que abrió espacio a las reclamaciones populares. El Estado se esforzaba por asumir un papel más protagónico en la dirección del crecimiento económico y en crear un marco institucional adecuado para el modelo de desarrollo que, luego de la crisis de 1929, se imponía a nivel internacional (en los países capitalistas). Estos esfuerzos parecían chocar con las estructuras legales e institucionales decimonónicas. En este escenario ganó realce el “problema agrario” respecto del cual el objetivo central de los últimos gobiernos conservadores de los años veinte y los nuevos gobiernos liberales de los años treinta, fue garantizar el abastecimiento de un mercado interno e impulsar la industria en los centros urbanos, pretensiones que llevaron a un cambio de la política agraria (Le Grand, 1988, p. 133). Bajo esta lógica se adoptaron medidas para rescatar algunos baldíos de manos de grandes propietarios, evitar la burla de las disposiciones legales que protegían a los colonos-campesinos e impulsar la entrega de tierras baldías a estos productores11.

9.Mucho antes, en algunas zonas de la Costa Atlántica, los terratenientes habían logrado subordinar a los colonos mediante arreglos de arrendamiento y aparcería dentro de las haciendas (Zamosc, 1985, p. 16). Las mejores tierras habían sido colonizadas por los campesinos bajo el sistema de arrendamiento y apropiadas luego por los hacendados (Reyes, 2009, p. 26).

10.“El crecimiento económico extremadamente rápido de estos años provenía de dos fuentes principales: el flujo de capital extranjero y el aumento de las exportaciones cafeteras” (Le Grand, 1988, p. 128).

11. En el ideario liberal de desarrollo que orientó el Estado durante aquellos años (1928-1933), el latifundio se consideraba un sistema nocivo y anticuado que acaparaba las mejores tierras; se le atribuía la responsabilidad fundamental del atraso de la agricultura puesto que el latifundio era refractario a las innovaciones técnicas, organizativas y productivas. Además, generaba inequidad, pobreza y conflicto, por todo lo cual era necesario reformar la estructura de tenencia de la tierra para estimular el crecimiento económico y la industrialización. En ese momento resurgió la preocupación por fomentar, desde el Gobierno Central, la creación de una clase media rural que trabajara con mayor intensidad la tierra, en consonancia con la necesidad de crear un sistema de abastecimiento de materias primas para la naciente industria y un mercado interno en expansión para sus productos (Le Grand, 1988,

En la práctica, el Estado respondió a las reivindicaciones de los campesinos y trabajadores rurales a través de la afectación parcial de baldíos en manos de grandes propietarios y un mayor impulso a la colonización. Pero incluso estas iniciativas tropezaron con la dificultad de establecer con claridad los derechos de propiedad privada sobre la tierra, porque el mismo Estado no disponía de un registro preciso sobre baldíos. Como resultado, los empresarios territoriales seguían ganando a los colonos-campesinos porque eran más hábiles y tenían mejores relaciones políticas y burocráticas para apropiarse, de forma fraudulenta, de baldíos sobre los que no se disponía de mucha información pública. Al mismo tiempo, la férrea oposición de los grandes propietarios (latifundistas, comerciantes, ganaderos, cafeteros, bancos) y de las empresas que habían establecido explotaciones petroleras o plantaciones arrinconó los propósitos de modernización agraria del Estado (Le Grand, 1988, pp. 137-138).

En el plano regional y local (Cesar hacía parte de Magdalena) los grandes propietarios optaron por defender sus pretensiones frente a los colonos-campesinos e indígenas recurriendo a “acciones administrativas de desahucio” a través de las autoridades municipales, y evitando entablar pleitos frente a los colonos en los tribunales, por el temor de que sus títulos fuesen declarados inválidos (Le Grand, 1988, p. 165). Con frecuencia estas medidas administrativas se amparaban en el prestigio social de los solicitantes y estaban acompañadas de medidas de coacción contra los supuestos invasores. A lo largo de décadas este recurso se volvió costumbre y adoptó formas cada vez más refinadas e ilegales como el uso privado de la fuerza de la que fueron víctimas grupos de campesinos e indígenas. Muy pronto las autoridades municipales y los grandes propietarios se aliaron en una disputa que los oponía a sectores sociales que reclamaban su vocación campesina y su derecho a la tierra12. Por el contrario, el Gobierno Central tendió a escuchar y apoyar las reclamaciones campesinas13 y, en algunos casos, intervino a favor de estos, a través de la Oficina General del Trabajo y el Ministerio de Industrias. Con todo, durante esta época (años treinta) y en esta región se podían identificar dos grandes núcleos de conflictos por la tierra, al norte la Zona Bananera y el Magdalena Medio; en menor medida la Sierra Nevada de Santa Marta. Otras regiones del país (Sumapaz, Tequendama, Sinú, El Líbano, etc.) fueron más conocidas por sus movilizaciones campesinas e indígenas14.

Para 1934, la cuestión agraria se había convertido en un problema que demandaba soluciones de alta política. En zonas importantes del país la estructura de la tenencia de la tierra estaba en juego debido a la concentración de población rural y de los recursos naturales existentes. Los intereses en colisión amenazaban con desbordar el marco legal y jurídico. La violencia social se extendía por el campo bajo el ropaje y la desfiguración de la lucha partidista entre liberales y conservadores. En el Cesar estas luchas reforzaron la identidad y la adscripción colectiva a estos partidos, de acuerdo con los municipios, hecho que guardaba alguna semejanza con lo ocurrido, con distintas características, en Norte de Santander (provincia de Ocaña), La Guajira (San Juan, Urumita, Villanueva) Magdalena (Santa Marta) y sur de Bolívar. Aun así este territorio era todavía muy rural y poco poblado15. Incluso, la recordada Ley 200 de 1936, marcó el control de la cuestión agraria por parte de los grandes propietarios, a través de poderosos gremios (SAC, Fedecafé), en detrimento de los intereses de los colonos y campesinos. Al mismo tiempo, el gobierno en ejercicio (López Pumarejo) asimiló buena parte de la oposición política de izquierda (UNIR, PCC) y social, encabezada por los campesinos, a través de la parcelación de algunas antiguas haciendas16.

12.He aquí uno de los orígenes sociales de los primeros grupos de “justicia y seguridad” privados que en la década de 1980 se conformarían en el Magdalena Medio cesarense.

13.En especial durante el gobierno de Olaya Herrera (1930-1934).

14.Como lo señala Le Grand (1988, p. 183), pese a su fragmentación regional, sus limitados objetivos y su orientación legalista, muy dependiente del Estado central, los movimientos campesinos e indígenas de ocupación de tierras, representaron un verdadero desafío al predominio del latifundio rural. Estas mismas limitaciones impidieron a las organizaciones populares agrarias proyectarse como un movimiento autónomo de los partidos políticos (Liberal, Partido Comunista y UNIR) y reclamar del Estado transformaciones de fondo. De esta forma en algunas regiones del país, incluidos varios de los municipios del Cesar, se instauró un conflicto crónico entre terratenientes y distintas capas de la población rural (colonos, aparceros, indígenas, jornaleros) que reclamaban la propiedad y el uso de la tierra como patrimonio. En medio de estos conflictos el Estado central no acertó a diseñar y dirigir un modelo de desarrollo más equitativo, y los gobiernos subnacionales (alcaldías y gobernaciones) se inclinaron del lado de los terratenientes.

15. El Censo de población de 1938 contaba, para el entonces departamento del Magdalena (incluido Cesar), una población total de 342.322 habitantes; una densidad (h/km²) de 6,4 y un crecimiento de 2,47%. En 1951, la misma densidad era de 8,5 h/km² y el crecimiento de 1,29%. Este mismo año, el porcentaje de población urbana del Cesar era apenas de 25,1%. En 1964 el total de población del departamento era de 260.917 personas y la de Valledupar se acercaba a los 80.000 habitantes.

16.Entre 1933 y 1940, el Gobierno compró un total de 240 haciendas para parcelarlas. Gracias a este programa, más de 11.000 familias de campesinos-colonos obtuvieron sus títulos, especialmente en el occidente de Cundinamarca y oriente del Tolima (Le Grand, 1988, pp. 198-212).

El Estado reconoció la dudosa tradición de títulos de propiedad de los empresarios territoriales, fomentó su uso productivo y penalizó las invasiones de tierra. Aun así, la colonización de zonas cada vez más distantes y baldías se mantuvo como una dinámica central para el poblamiento rural; pese a las disposiciones gubernamentales persistió la indefinición de la propiedad que se constituyó en el origen de muchos otros conflictos entre campesinos, indígenas y empresarios territoriales. Durante las décadas de los años treinta y setenta este rasgo predominó en algunas zonas de reciente colonización del país (Magdalena Medio, Serranía de Perijá, Catatumbo, Serranía de los Motilones, Sierra Nevada de Santa Marta, piedemonte llanero). En efecto, durante aquellos años, sucesivos los gobiernos impulsaron “planes de colonización” que complementaban con otros de parcelación de grandes propiedades improductivas, con deudas y problemas legales.

Los cambios políticos que sufrió el país a mediados de la década de 1940 frenaron el ímpetu reformista de los primeros gobiernos liberales. Sobrevino un largo periodo (1944-1962) de predominio de los intereses de los grandes propietarios y “empresarios territoriales” (SAC, Fedecafé) en el agro, quienes fijaron las directrices del desarrollo rural. Los colonos e indígenas carecían de organizaciones perdurables y con poder político autónomo suficiente para incidir en las políticas del Estado a su favor; este tampoco supo imponerse a los poderosos intereses regionales que se oponían a una modernización más equilibrada de la estructura agraria, esto es, convertir a los campesinos pobres en agricultores comerciales y crear una clase media rural. En consecuencia, no se superó el viejo problema de la desigualdad en la distribución de la propiedad de la tierra (Le Grand, 1988, pp. 206-207). La violencia partidista (1946-1953) y el naciente conflicto armado (1957-1964) opacaron las reivindicaciones campesinas y populares17.

La movilización campesina impulsada por la anuc (1961-1974)

Los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial fueron de rápido crecimiento urbano e industrial; el aparato del Estado se hizo más grande y adquirió mayor complejidad. En consonancia con estos cambios, se adoptó un modelo de crecimiento rural que privilegió la modernización agrocomercial y agroindustrial en algunas regiones del país (Valle del Cauca, Meta, Cundinamarca, Tolima, Huila y Cesar). El Estado promovió la sustitución de algunas importaciones, las exportaciones de otros bienes, concedió incentivos a los empresarios y adoptó medidas proteccionistas. Bajo este esquema, las zonas campesinas se convirtieron en expulsoras y oferentes de mano de obra asalariada, así como en abastecedoras de alimentos. Con todo, la cuestión agraria seguía viva, más aún cuando el escenario de la Violencia fue precisamente el campo y la frontera rural18.

De estos años data el auge del cultivo del algodón en el Cesar; sin duda, las nuevas plantaciones emplearon mano de obra proveniente de zonas campesinas aledañas o migrantes sin tierra de otros lugares del país19. Hasta mediados de siglo predominó en buena parte de esta región la gran propiedad ganadera, a expensas de la mediana y pequeña producción campesina20. Llegada la década de 1950 dos factores limitaban el desarrollo de la producción de algodón en el Cesar: el atraso de la economía agraria (incluida la oferta de mano de obra) y la alta concentración en la estructura de la distribución de la propiedad de la tierra21. En estas circunstancias, la concentración de la propiedad estimuló la destrucción de bosques, dinamizó la migración22 y la incorporación de nuevas tierras a la producción de algodón23 y, en menor medida, de palma de aceite o de alimentos. Empresarios territoriales e inversionistas sembraron algodón y palma; los trabajadores rurales, campesinos y colonos, alimentos. De esa forma se generó una estructura agraria dicotómica (abruptamente integrada) en la cual figuraban la pequeña propiedad campesina asentada sobre las vertientes andinas (Serranía de Perijá, Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de los Motilones) y la gran propiedad (latifundio o agro-comercial) en las zonas planas, en municipios como Codazzi, Aguachica y San Alberto.

Durante los años que siguieron, las invasiones de tierras tuvieron alguna trascendencia en el Cesar24. La instalación de grandes plantaciones de algodón o palma fomentó el desalojo de colonos y campesinos a través de mecanismos similares a los descritos antes (títulos de propiedad dudosos versus ocupación de hecho en baldíos). Cientos de colonos, campesinos y jornaleros, a quienes la mecanización de la agricultura y las operaciones bancarias habían expulsado de sus posesiones, se organizaron y comenzaron a ocupar las periferias de las grandes haciendas o plantaciones (Soles, 1972 citado en Le Grand, 1988). Las altas rentas que exigían los terratenientes por el uso de la tierra para cultivar algodón, incentivaron la compra de tierras (aumentó su precio) entre los inversionistas llegados de otras regiones del país (Tolima y Huila), entonces los bancos otorgaron créditos. Así, y como consecuencia de la acumulación de capital, los nuevos empresarios del algodón pasaron del arriendo a la compra de tierra, operaciones que cubrían luego los créditos otorgados por el sector financiero. Por obvias razones, ni colonos ni campesinos, mucho menos los trabajadores, podían repetir el procedimiento por lo cual perdieron cualquier oportunidad de competir25. Al mismo tiempo, surgía una clase media rural y urbana ligada a los servicios que demandaban la producción y la economía del algodón26.

17.La promulgación de la Ley 100 de 1944 vino a cerrar el ciclo de movilizaciones campesinas iniciadas hacia 1928. En efecto, esta ley reglamentó los derechos y obligaciones de los trabajadores agrícolas y a los grandes propietarios les garantizó el control sobre la tierra; resucitó la figura del aparcero frente a la tendencia de pago de trabajo asalariado y la migración a la ciudad; también intentó incidir en el suministro de alimentos.

18.El carácter social de esta violencia fue muy discutida por los investigadores sociales de los años setenta y ochenta pero no llegaron a conclusiones determinantes que dieran mayor fuerza a determinada interpretación. Sin embargo, hubo cierto consenso en que durante ese periodo los campesinos no lucharon bajo banderas de clase que los unificaran y organizaran en torno a la reivindicación por la tierra (Zamosc, 1985, p. 27).

19.Según Fernando Bernal en los tiempos de mayor bonanza algodonera llegaban al Cesar cerca de 200.000 trabajadores que se establecían temporalmente y con sus familias cerca de sus lugares de trabajo.

20.En la década de 1960, el Cesar estaba clasificado como un territorio donde predominaba el latifundio tradicional, con excepción de núcleos de producción agroindustrial y zonas de producción de café y economía campesina (Zamosc, 1985).

21.“Con baja densidad demográfica y poca o nula oferta local de fuerza de trabajo especializada en la producción de algodón, la expansión y la intensificación de este cultivo llevó a la elite local a una flexibilización inicial en la estructura de derechos de propiedad rural. Ello les llevó a la creación de incentivos económicos su ficientemente fuertes para atraer la fuerza de trabajo con el know how adecuado” (Bernal, 2004, p. 47).

22.Se superaron algunas relaciones sociales de producción (precapitalistas) basadas en la sumisión personal al patrón o señor de la tierra.

23.Entre 1962 y 1970 el área cultivada de algodón pasó de 42.000 hectáreas a 123.711.

24. La información disponible, por ejemplo, muestra que 1971 fue un año de especial movilización campesina en el Cesar (Zamosc, 1985, p. 124).

25.De entrada quedó proscrita la alternativa del afianzamiento de un desarrollo capitalista en el campo en el que predominara la pequeña y mediana producción campesina.

26.Según Fernando Bernal (2004, pp. 24-25), durante los años sesenta y setenta se vivió un auge de producción algodonera en el Cesar que atrajo importantes inversiones privadas y contó con el estímulo del Estado. Se establecieron barreras proteccionistas, se aprovisionó infraestructura física y económica, se facilitó la asistencia técnica y el crédito, se crearon precios de sustentación y se estimularon las exportaciones. Acuerdos entre productores de algodón e industriales,bajo la tutela del Estado, aunados a los buenos precios internacionales, crearon una “prosperidad sin precedentes” en el departamento, atrajeron la migración (rural-rural y rural-urbana), ofrecieron empleo (asalariado), fomentaron la inversión de capital, abrieron el mercado de tierras e impulsaron el crédito bancario.

27. Algunos testimonios magnifican las transformaciones acontecidas durante esos años; un ejemplo es el planteado por Alonso Sánchez (2008, pp. 98-99) “El Cesar se convirtió en departamento; la población se multiplicó; floreció el comercio; se modernizó el agro; apareció la clase media; se democratizó la posesión de la tierra, pues quienes arrendaban la tierra solían comprarla luego de una cuantas cosechas”. Sin embargo, el mismo autor apunta luego “con la quiebra del algodón se vino abajo cierto intento de democratización de la tierra, y cuando aquella sobrevino, apareció nuestra mayor tragedia. Sucedió que la demanda por la tierra no presentó mayor dinamismo y, con las tasas de interés crecientes, los costos de mantenimiento se elevaron. Eso originó una especie de relatifundización que acunó la aparición de la guerrilla, primero y, una década después, del paramilitarismo”.

Un hecho clave en la historia económica y social del Cesar en ese momento fue la transformación de antiguos y grandes propietarios de tierra en comerciantes y empresarios del algodón; no hubo rupturas significativas entre una elite rural tradicional y otra de orientación industrial y capitalista (la posterior propagación del cultivo de la palma parece confirmar esta tendencia); una continuidad similar, con los cambios generacionales de rigor, se puede advertir en la vida política electoral y en el acceso a los puestos de control estatal en el departamento. Es decir, poder económico y poder político se concentraron en pocas familias, sin transformaciones apreciables de un orden tradicional basado en el origen de clase y en el prestigio social. La elite dirigente del Cesar carecía de un proyecto colectivo de desarrollo endógeno, este hecho limitó su visión estratégica durante la bonanza del algodón y representó otro factor de peso en el ascenso del conflicto armado27. La sorprendente movilización de factores productivos por más de veinte años no fue suficiente para sortear la caída de los precios y los niveles más bajos de rentabilidad a finales de la década de 1970, pero el punto más sensible fue la incapacidad de las instituciones políticas regionales, creadas durante el auge, para ofrecer alternativas a la crisis de precios, mediante otras oportunidades o ventajas económicas.

Al mismo tiempo, en muchos municipios del Cesar persistieron el subempleo y los bajos ingresos, pese al estímulo de la migración de trabajadores del campo, provenientes de otros municipios de la Costa Atlántica o de regiones del interior con cultura algodonera o agroindustrial, muchos de ellos sin tierra. La intensificación de la inversión de capital y el uso de nuevas tecnologías y recursos no impidió que el capitalismo agrario se expandiera a costa de la economía campesina, pero sin asimilar de forma sostenida un remanente de fuerza de trabajo expulsada de esta economía (Zamosc, 1985, pp. 32-35). En esta perspectiva se planteaba un conflicto por la tierra y otros recursos naturales que iría tomando forma a partir de la década de 1960, al mismo tiempo que se configuraba un capitalismo agrario muy ligado a la industria y a la exportación. En efecto, grupos de colonos, campesinos, indígenas y trabajadores rurales (jornaleros, proletarios) pugnaron por alcanzar un espacio para una economía parcelaria independiente, frente a la gran propiedad improductiva o a la moderna plantación agrocomercial y agroindustrial. En este contexto se pueden encontrar el origen y el sustento de las movilizaciones agrarias en el Cesar por más de veinte años. En este mismo entramado se conjugaron tres componentes básicos: la lucha por la tierra en zonas de latifundio o producción capitalista empresarial, la defensa de la economía campesina o de la propiedad indígena establecida, y las reivindicaciones de colonos por apoyo gubernamental (Zamosc, 1985, pp. 44-45).

En la década de 1960 el escenario político nacional estuvo marcado por la necesidad de poner en marcha una reforma agraria como mecanismo institucional para superar la violencia partidista de años anteriores y para que contribuyera no solo a recomponer el sistema de dominación (burocrático) emanado de los cambios económicos (urbanos e industriales), sino en la modernización del Estado central. Por otra parte, durante los primeros gobiernos del llamado Frente Nacional (Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia) el bipartidismo se había trazado como propósito recuperar o mantener el ascendiente electoral sobre la “masa” campesina y urbana golpeada por los mismos fenómenos. El recién creado Instituto Colombiano de la Reforma Agraria —en adelante, Incora—, comenzó a operar en el norte y nororiente del país, en la antigua zona bananera de Magdalena, cerca a Santa Marta y en el valle medio del Río Magdalena, donde ya se conocían conflictos por el uso y la propiedad de la tierra y se podían contar algunas organizaciones sociales sobrevivientes al primer periodo de movilización agraria del siglo XX (Zamosc, 1985, pp. 63-64)28.

En algunos municipios de Cesar (Codazzi, Tamalameque, Pailitas, Curumaní, Aguachica, La Gloria, San Alberto, Bosconia, El Copey) comenzó un periodo de agitación campesina, auspiciada en parte por el Gobierno Central a través de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos —en adelante, ANUC—. El Incora intervino entonces (1963-1968) en litigios entre colonos y terratenientes por tierras que no estaban siendo explotadas. Durante los primeros años de la década de 1970 se destacaron las movilizaciones e invasiones de tierras en Chimichagua, Curumaní y Tamalameque; en estos lugares, grandes propietarios, apoyados por las autoridades locales, recurrieron a la violencia contra pescadores, colonos, campesinos sin tierra y pobladores rurales que invadían antiguos baldíos bajo el amparo otorgado por el Gobierno Central a la ANUC. Durante la década de los años sesenta, la nota predominante fueron los estallidos localizados de conflictos, la atención casuística del gobierno y la dispersión en la organización campesina; rasgos que caracterizarían a los comités y asociaciones de usuarios en el Cesar y que se mantendrían hasta principios de 1970. En efecto, bajo la tutela del Gobierno Central, las asociaciones y comités de usuarios tendieron a recurrir a la ley y acatar los dictámenes de los funcionarios oficiales hasta que la ANUC se cohesionó en el plano nacional29. Desde entonces, esta organización se arraigó en las zonas del departamento donde predominaba el latifundio, en combinación o en transición a explotaciones capitalistas, y en zonas de minifundio y colonización.

28. Este autor insiste en que una de las características de esta política fue atender la solución de conflictos desencadenados y no anticipar la manifestación de otros, en regiones donde ya eran perceptibles las tensiones sociales por la tierra. Precisamente esta característica motivó a las organizaciones campesinas a generar situaciones de hecho (invasiones) para precipitar la intervención del Estado central en distintas regiones del país.

Como lo señala Zamosc, el eje fundamental de la movilización campesina y el objetivo básico del gobierno de Lleras Restrepo (1966-1970) fue alcanzar un nivel sobresaliente de redistribución de la tierra, en especial en zonas donde predominaba el latifundio improductivo o se abrían frentes de colonización. No obstante, la radicalización de los objetivos de la ANUC encontró pronto oposición en los gremios de los grandes propietarios (SAC, Fedegan), en algunos sectores del Congreso y en el nuevo gobierno conservador (Pastrana Borrero, 1970-1974). La ola de invasiones que desató la ANUC en 1971 abarcó más de 13 departamentos, incluido el Cesar. En el nivel nacional en este año se registraron 47 invasiones, siendo Sucre, Huila, Córdoba y Magdalena los departamentos de mayor actividad de la ANUC; en 1976 se acumulaban 1.031 invasiones en todo el país. En el Cesar se contabilizaron invasiones de tierras desde 1971 (30) hasta 1976 (3), en una dinámica descendente que totalizó, en seis años, 44 invasiones. Frente a todos estos hechos la posición de algunas instituciones vinculadas al agro fue contradictoria (Incora, Inderena, Caja Agraria); en el plano local sus funcionarios parecían colocarse del lado de los campesinos; en el plano nacional afrontaban las reacciones de las poderosas agremiaciones de productores.

Con base en las entrevistas realizadas30, se puede sostener que en el Cesar la lucha por la tierra, durante estos años, fue protagonizada por antiguos arrendatarios o aparceros y por pobladores o jornaleros rurales contra los latifundios; también por colonos y campesinos contra grandes propietarios que reclamaban terrenos baldíos o de dudosa propiedad. En menor medida, por indígenas contra colonos y terratenientes o empresarios. En algunos casos los invasores eran trabajadores de otras regiones del país llegados al Cesar para trabajar como cosecheros en las plantaciones agrocomerciales. En algunos puntos de colonización (Serranía de Perijá, Sierra Nevada de Santa Marta) los conflictos por la tierra no tuvieron el mismo nivel que en las anteriores, debido, tal vez, a que eran núcleos distantes de difícil acceso, sobre los cuales no se habían formado mercados de tierras y además porque servían de “válvula de escape” para otros conflictos dentro de la frontera agrícola. Otro hecho importante de esta movilización fue el influjo que alcanzaron sectores de izquierda dentro de algunos campesinos; sin duda, el contenido político de la lucha por la tierra fue el factor que abrió esta posibilidad. Aun así, no hubo una radicalización inmediata de las demandas campesinas31, situación que sobrevendría más tarde, a mediados de la década de 1980.

29.Aun así, la ANUC en el Cesar no alcanzó el nivel de organización, dinámica y coordinación de otras regiones del país (Sucre y Huila).

30.Entre mayo y octubre de 2010.

En los primeros años de la década de 1970, hubo un giro drástico en el énfasis del desarrollo rural: el gobierno de Pastrana Borrero dio prioridad al crecimiento empresarial y a la gran propiedad sobre la redistribución de la tierra. El andamiaje institucional creado para favorecer la reforma agraria campesina se desmontó paulatinamente. Estas medidas fueron respaldadas por el Congreso, las agremiaciones de grandes productores y el partido político en el poder; también por antiguos defensores de la reforma dentro del Partido Liberal (Zamosc, 1985, pp. 169-171). Un bloque de poderosos sectores frenó la movilización campesina de los años anteriores. El esfuerzo del gobierno se volcó en la promoción a las exportaciones de origen agrícola y al impulso de renglones de la economía urbana (construcción, servicios, industria).

Este giro provocó la división dentro de la ANUC como movimiento nacional y marcó diferencias organizativas y, en el movimiento campesino, a nivel regional. En el Cesar la mayor parte de los dirigentes campesinos se sumaron a la línea Sincelejo. No obstante, la poca experiencia política de estos y su dependencia de otros procesos organizativos en la Costa Atlántica (Sucre, Córdoba), creó incertidumbre entre las bases campesinas. Esto provocó, como reacción, un reposicionamiento de los grandes propietarios y el uso particularizado de los medios de violencia (coerción) contra personas y grupos integrantes de la ANUC. Como se mencionó atrás, los propietarios, haciendo uso de su poder local, utilizaron a la fuerza pública o a grupos armados en actividades de represión. Sin la mediación de los funcionarios del Incora y bajo condiciones institucionales adversas32, el recurso a la violencia privada tuvo como efectos, no solo evitar posibles invasiones, sino intimidar cualquier pretensión de mantener una estructura organizativa que, a nivel regional, representara los intereses y aspiraciones de los pequeños campesinos, aparceros, colonos y trabajadores rurales sin tierra. Fue la materialización de lo que se llamó una contraofensiva terrateniente y empresarial. Un saldo negativo que se manifestaría años después, entre otros aspectos, en la facilidad con que los grupos guerrilleros penetraron en el Cesar.

31.En realidad la ANUC en el Cesar dependió de la orientación política y organizativa de otras regionales con mayor experiencia (Sucre, Córdoba, Bolívar).

32.Como lo señala Alejandro Reyes (2009, p. 45), las relaciones de los funcionarios públicos y los usuarios campesinos en la Costa Atlántica fueron un tanto traumáticas; mientras los primeros daban prelación al pago de las deudas y a la eficiencia productiva, los segundos insistían en manejar a su parecer las economías domésticas y comunitarias. Este conflicto y las pocas probabilidades de la economía campesina solidaria para subsistir “en medio de un océano de grandes latifundios disolvieron en pocos años el experimento de las empresas campesinas”.

Sin duda, la larga lucha de sectores campesinos, indígenas y rurales por la tierra, se convirtió en un factor que alimentó la violencia política y la implantación de grupos guerrilleros en el Cesar. En la década de 1970 las viejas reivindicaciones de estos sectores sociales estaban vivas pero frustradas por la inoperancia de las políticas de reforma agraria de los años anteriores (Reyes, 2009, pp. 1-14).

Las movilizaciones campesinas y cívico-regionales (1975-1987)

Este periodo está marcado por la confluencia de distintos tipos de movilizaciones sociales de carácter regional. En el agro, la política del gobierno de López Michelsen consistió en impulsar la producción agroindustrial y conceder apreciables beneficios a los campesinos medios y pudientes a través del programa Desarrollo Rural Integrado (DRI). No obstante, para los pequeños campesinos y los campesinos sin tierra la respuesta del gobierno fue residual e, incluso, represiva. A partir de 1975 empezó una disminución en las protestas campesinas e indígenas, atribuida por Esmeralda Prada a los efectos de la contrarreforma agraria que protocolizara el Acuerdo de Chicoral (1973)33; también, como lo señala L. Zamosc (1985, pp. 226-228), a la ola de militarización, estigmatización y asesinatos de líderes campesinos en zonas de antigua lucha por la tierra34. Sin embargo, entre 1979 y 1985 aumentó el número de protestas, cayó en 1986 y obtuvo su registro más alto en 1987, precisamente el año en que se realizó el “Gran Paro Cívico del Nororiente”, una movilización popular que significó la articulación y expresión de múltiples actores, conflictos y problemáticas regionales35.

En efecto, como lo analizan Mauricio Archila y Esmeralda Prada, a partir de 1975 aparecieron otras reivindicaciones en el horizonte del golpeado movimiento campesino e indígena. Los actores insistieron en sus demandas por tierra ante al Estado central, pero al mismo tiempo tomaron forma otras demandas como las políticas para el agro36 y el cese de la violación de los derechos humanos37, sin duda, aspectos centrales frente al modelo de desarrollo ensayado en el agro desde 1973 y a la aparición de los primeros grupos paramilitares en algunas regiones (Meta y Magdalena Medio). En lo que se refiere a modalidades de protesta, la información aportada por los autores muestra que a lo largo del periodo 1975-1987 perduró el énfasis en las invasiones y que, poco a poco, ganaron importancia otros métodos como los paros, los bloqueos de vías y las largas movilizaciones, asociadas a las demandas mencionadas y realizadas en escenarios urbanos en alianza con sindicatos, estudiantes, movimientos cívicos, etc. En este periodo los departamentos que concentraron las protestas y luchas campesina e indígenas fueron, en orden descendente, Antioquia (14,6%), Santander (8,6%), Bolívar (6,2%), Cauca (5,9%), Cesar (5,8%) y Tolima (5,4%). Estas tendencias son importantes porque allí se encuentra la lógica de lo acontecido durante esos años en el sur, centro y norte del Cesar, como lo muestran las entrevistas realizadas.

33. No obstante, según León Zamosc, en este apaciguamiento tuvo que ver el mismo éxito de las movilizaciones en su objetivo de obtener tierra, por lo menos en algunas regiones, incluido el Cesar, como lo advierte Fernando Bernal (2004, p. 57). Aun así, como se menciona, tuvo lugar una reacción de los grandes propietarios que a la postre terminó por deshacer los más significativos logros del movimiento campesino, encabezado por la ANUC-Sincelejo.

34.Para el caso del Cesar se menciona, en particular, el caso de El Copey donde se desató una fuerte represión contra el movimiento campesino entre 1974 y 1975.

35.M. C. García (2004, pp. 73-120) pone en evidencia que el periodo 1981-1987 fue también de intensas luchas urbano-regionales, incluidos algunos municipios de Cesar.

36.Por ejemplo la oposición a las leyes 30 (1988) y 160 (1994) de reforma agraria.

37.Las cifras que presentan estos analistas corresponden al periodo 1975-2000 y en ellas aparecen las demandas por tierra con 53% de las protestas, la expedición de políticas (11,4%) y los derechos humanos. Le siguen otras demandas: servicios públicos (9%), servicios sociales (5,4%) y violación de pactos adquiridos (4,7%). En menor medida los problemas derivados del medio ambiente (35) y el desempeño de alcaldes y autoridades (1,5%) (Archila, 2004, p. 145).

Según estas fuentes, el Magdalena Medio cesarense, las riberas del río Magdalena limítrofes con Bolívar y Magdalena, y las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, fueron escenario de una especial actividad de organizaciones campesinas, de pescadores y cívicas, que tuvieron su origen en el proceso inaugurado por la ANUC. Estas manifestaciones se vincularon a las protestas sindicales de la USO en Barrancabermeja y de los sindicatos palmeros en San Alberto, Puerto Wilches y San Martín. En los alrededores de Aguachica se sostuvo un núcleo civil que organizó protestas y movilizaciones en la década de 1980 y en los vecinos municipios ribereños (Gamarra, La Gloria, Pelaya, Pailitas, Curumaní, Tamalameque, La Jagua, Chimichagua) persistió la agitación en torno a la tierra, al suministro de servicios públicos básicos o sociales y los reclamos por incursiones y asesinatos de civiles a manos de bandas de justicia privada. También se organizaron movimientos políticos regionales que cuestionaron las realizaciones de las alcaldías y los concejos municipales. Hacia 1985, continuadores de la lucha de la ANUC reorganizaron grupos locales de campesinos y población rural en estos municipios y lanzaron una nueva estrategia que combinó la recuperación de tierras con reivindicaciones ligadas al desarrollo regional y a la ampliación de espacios democráticos para la participación ciudadana en asuntos de gobierno.

Este fue un momento de particular complejidad en las manifestaciones sociales debido a la radicalización regional de las demandas campesinas, seguida de una invocación permanente al Gobierno Central en materia de desarrollo y un ensanchamiento de la audiencia pública de los nuevos partidos políticos (Unión Patriótica, A Luchar, Nuevo Liberalismo) enfrentado, todo esto, a un endurecimiento de la posición de los grandes propietarios, un recurso frecuente de estos a la violencia privada, un celo de las facciones políticas tradicionales ante los anuncios de descentralización y la aparición de grupos paramilitares. También por esos años, las guerrillas ampliaron sus acciones a todo el nororiente del país. Fue, también, la época de mayor actividad del ELN, del EPL, de las FARC, e incluso del M-19. A esta situación se agregó, como corolario, la reactivación de las disputas por los beneficios (regalías) de la explotación de algunos recursos naturales (petróleo y carbón). Un escenario casi sin control real del Estado nacional, debido a la fragilidad o inoperancia de sus representantes regionales para prevenir y superar conflictos.

En 1987 se realizó el gran Paro Cívico del Nororiente que cobijó a 36 municipios de cinco departamentos (Cesar, Bolívar, Santander, Norte de Santander y Arauca), incluidas las ciudades más importantes (Valledupar, Aguachica38, Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí, Ocaña, Cúcuta y Pamplona). Un buen número de organizaciones populares (cívicas, sindicales, comunales, campesinas, gremiales), agrupadas en la Coordinadora del Nororiente39, fueron las gestoras del paro que contó con la parcial o total oposición de los grandes gremios, los clubes de servicios, las organizaciones patronales, la Iglesia Católica y el partido de gobierno (Gutiérrez, 2003, pp. 62-68)40. En muchos aspectos este paro también fue una manifestación del malestar social surgido de abajo y escapó al control de los círculos de poder local y departamental41.

Ciertamente, aunque el Paro Cívico del Nororiente apenas duró tres días (7, 8 y 9 de junio) fue un acontecimiento político y social que desató toda suerte de pronunciamientos, entre la solidaridad y el rechazo, de los sectores organizados más influyentes de esta zona del país. Muchos gobiernos municipales se vieron obligados a reconocer la justicia de las reclamaciones y permitir las movilizaciones y las concentraciones de los manifestantes42. Algunos movimientos políticos regionales fijaron posiciones encontradas frente a la proximidad del paro; por ejemplo, el Frente de Izquierda Liberal Auténtico (FILA) se abstuvo de participar mientras que A Luchar lo apoyó en todo momento. La empresa estatal Ecopetrol convocó a sus trabajadores y empleados a trabajar; al mismo tiempo, la Unión Sindical Obrera (USO) se solidarizó con el paro en Barrancabermeja. Los gobiernos departamentales de Cesar y Santander entablaron negociaciones con los líderes campesinos. Otras organizaciones sociales como la ANUC y la Organización Femenina Popular (OFP) se sumaron al paro. Las Coordinadoras Populares de Barrancabermeja y Ocaña organizaron y lideraron el paro en sus respectivos municipios. Por último, organismos como la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y Fedeagro lo rechazaron abiertamente calificándolo de subversivo (Gutiérrez, 2003, pp. 62-68).

38.A esta ciudad llegaron cerca de 8.000 pobladores rurales de distintos municipios del Cesar, Santander y Norte de Santander.

39.Esta instancia agrupó a cerca de 80 organizaciones populares de todo tipo que, en febrero de 1997, se reunieron en Cúcuta para preparar el paro del nororiente. ol>

40.El Partido Liberal, que respaldaba el desempeño del gobierno de Virgilio Barco V. (1986-1990).

41.De manera general y siguiendo un patrón muy similar al de otras movilizaciones ocurridas en el país durante estos años, las peticiones que formularon los gobiernos locales y la población civil que participó en el Paro Cívico del Nororiente se relacionaban con cuantiosas inversiones en desarrollo social y económico (en salud, educación, saneamiento básico, electrificación rural, créditos para inversión, adquisición de tierras, construcción de vías, etc.)

42.Esto sucedió en Ocaña y Valledupar, lugares donde se concentraron miles de campesinos.

En este periodo (1975-1987), las movilizaciones sociales, el accionar de los movimientos guerrilleros y la violencia política parecieron coincidir, en todo el nororiente, con un momento de debilidad institucional. En el Cesar, la bancarrota del agro, a partir de 1978, se constituyó en un factor que dinamizó conflictos de diversa naturaleza. Como lo advierte Fernando Bernal, esta crisis no tocó solo a los trabajadores del campo, sino que golpeó sobremanera a los productores (empresarios) y a los gremios que los representaban, quienes se encontraban atomizados, desprovistos de una visión a largo plazo y ligada con una producción sostenible y, sobre todo, carentes de poder para negociar políticas de reactivación con el gobierno nacional43. Esta debilidad también se hizo patente en fenómenos como el desplome de las exportaciones de ganado y el aumento del abigeato. Hasta ese momento diferentes renglones de la economía del Cesar marchaban al ritmo que imponía el algodón. En esta perspectiva la década de 1980 fue de crisis económica y de escasez de propuestas de desarrollo alternativo. Incluso a mediados de los años noventa, cuando algunos cultivadores habían logrado ponerse al día con sus deudas, la apertura económica, la caída de los precios internacionales del algodón, la revaluación y el aumento de las tasas de interés propinaron otro golpe a esta economía (Bernal, 2004, p. 68).

Movilizaciones sociales y violencia (1988-2008)

Durante los últimos años de la década de 1980 y los primeros de la siguiente, la lucha por la tierra decayó y se incrementaron los motivos de protesta. El acento estaba marcado en el cese a la violación de los derechos humanos, el desmantelamiento de los grupos paramilitares, el apoyo del Gobierno Central a las propuestas de desarrollo local, la promoción de la economía campesina (asistencia técnica, créditos) y el mejoramiento de las condiciones de vida a través de la inversión de recursos en servicios públicos básicos, educación, salud y obras de infraestructura (vías y electrificación)44. Las invasiones de tierras fueron esporádicas y las movilizaciones campesinas se reprimieron con rudeza, en ocasiones por grupos paramilitares45. La incursión y permanencia temporal de los manifestantes en instalaciones o espacios públicos (dependencias del Estado, la iglesia, organismos internacionales, parques o universidades)46 cogió fuerza. El Gobierno Central solo aceptó negociar47 en coyunturas muy especiales, cuando la economía de regiones enteras se veía afectada por largo tiempo.

La reivindicación principal en aquellos años fue el derecho a la vida y las reclamaciones al Estado48 para que cumpliera sus obligaciones en materia de protección a la población civil en zonas de conflicto, contrarrestara las acciones de grupos paramilitares o guerrilleros49 y para que garantizara el respeto a los derechos humanos, civiles y políticos. Este hecho revela el deterioro de la situación social, su relación con el conflicto armado y la incapacidad del Estado para solucionar conflictos de distinta índole e imponer la ley. No obstante, la violencia ejercida por las elites a través de los paramilitares destruyó e impidió la recomposición de propuestas civiles frente al conflicto. Buena parte de los municipios del Cesar donde se observó una significativa movilización por la tierra durante la década de 1970 conocieron el trasegar de guerrillas y paramilitares durante estos años (1988-2005), frente a lo cual quedaron pocas organizaciones sociales autónomas y de proyección50. Aun así zonas importantes, en inmediaciones del río Cesar, continuaron siendo críticas en materia de conflictos por la tierra.

43.Algo que no se compadecía con el esplendor del pasado reciente, cuando la Asociación de Algodoneros se destacaba por su liderazgo empresarial y en el desarrollo del Cesar (Bernal, 2004, p. 68).

44.En el Cesar, las protestas contra las acciones de erradicación de cultivos ilícitos mediante fumigaciones tuvieron un peso minúsculo debido a la mínima existencia de cultivos de coca o amapola.

45.Un caso especial sucedió en el Cesar, donde la hacienda Bellacruz de la familia Marulanda fue “invadida”, en 1996, por decenas de familias de campesinos sin tierra. Estas mismas familias fueron amenazadas por grupos paramilitares. Algunos de los líderes de la movilización fueron asesinados, otros desplazados. También en el municipio de El Copey hubo movilizaciones de campesinos en procura de acceso a la tierra.

46.Este es también un indicador del grado de precariedad de la seguridad para la vida de los manifestantes. Acudían donde su protesta era visible y el Estado debía brindarles alguna medida de protección.

47. Esto ocurrió en 1987, cuando se paralizó el nororiente y en otras coyunturas entre 1991 y 1997.

48.En efecto, el gobierno de Bogotá continuó siendo el interlocutor obligado de los manifestantes rurales, al tiempo que decaía la importancia de la gobernación y de las alcaldías. En ocasiones, las ONG y organismos internacionales aparecían como apoyo o destino de sus reclamaciones.

49.El mayor número de acciones contra campesinos, indígenas y colonos provenía de los grupos paramilitares. Entre los sectores de grandes propietarios las quejas frecuentes eran contra la guerrilla por la extorsión o el secuestro, fenómeno este que, pese a su gravedad, no se comparaba con la ola de asesinatos, desapariciones y desplazamiento generada por aquellos.

50. Como lo advierten Alejandro Reyes (2009) y Alfredo Molano (2009), una de las consecuencias visibles del conflicto armado y la violencia política en algunos municipios del centro y sur del Cesar, ha sido la aparición de organizaciones de características comunitarias de relativo aislamiento, que promueven reivindicaciones de tipo agrario, minero, étnico y de género, tal como las apoyadas por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

Con los antecedentes de la presencia de grupos paramilitares en las cercanías de Aguachica durante los años ochenta, dirigentes políticos y grandes propietarios recurrieron a Carlos Castaño para defenderse del asedio de la guerrilla en las goteras de Valledupar, a mediados de los años noventa. Lo que parecía un recurso a la defensa propia frente a la depredación del ELN y de las FARC, y que recibió el apoyo decidido de buena parte de la elite cesarense, se convirtió pronto en un pretexto para expulsar a decenas de familias de sus tierras y tomarse la administración del Estado en los órdenes municipales y departamentales. Algunos integrantes de esta elite (incluido Rodrigo Tovar Pupo) se paramilitarizaron sin medir las consecuencias que les depararía su codicia51. La población civil pronto se vio involucrada en una ola de violencia sin precedentes en municipios donde esta situación no había sido muy notoria (microrregión del Perijá y Sierra Nevada de Santa Marta). En este sentido son contundentes las estadísticas (figuras 1 y 2) sobre involucramiento de civiles en el conflicto y desplazamiento forzado.

51. La codicia es una motivación fundamental en la guerra, en especial, como dice Stathis Kalyvas (2004), en los conflictos internos. En este sentido su uso aquí está desprovisto de una acepción moral.

Entre 1997 y 2008, algunos de los municipios más golpeados por el conflicto y la violencia (asesinatos selectivos y masacres) fueron El Copey, Pueblo Bello, Bosconia, Valledupar, San Diego, Manaure, Becerril, Codazzi, La Jagua, Pailitas, Pelaya, La Paz, Chimichagua, Curumaní y Aguachica52. Un punto fundamental en esta ola de violencia fue el despojo de tierras a campesinos (mestizos, indígenas, afrocolombianos) o la ruina de sus economías53. Incluso antiguos beneficiarios de la política de reforma agraria perdieron sus propiedades como consecuencia de la extorsión, el fraude y el despojo violento (tabla 1).

Según el Cinep (2009, p. 3) el mayor nivel de protesta social en Colombia durante los últimos cincuenta años54 se conoció entre 2002 y 2008. A los temas clásicos de reivindicaciones por tierra y trabajo o el suministro de servicios públicos básicos y sociales, se sumaron otras exigencias que se relacionaban con derechos humanos, derechos de minorías étnicas y movimientos sociales de género. Las protestas estuvieron dirigidas, en especial, contra la política social del Gobierno Central o sus representantes regionales, algunas empresas prestadoras de servicios y los grupos armados irregulares. Se recalca que una cuarta parte de estas protestas han ocurrido en la Costa Atlántica y en el Cesar55, se mencionan movilizaciones contra la participación de grupos armados y narcotraficantes en los procesos electorales, la corrupción administrativa, el despojo de tierras a campesinos e indígenas, la violencia contra mujeres en zonas de conflicto, el desarrollo de “megaproyectos” minero-energéticos, los derechos laborales y resultados de la política gubernamental de apoyo a víctimas del conflicto. El 60% de los municipios del Cesar fue escenario de al menos una de estas formas de protesta; es decir 15 de los 25 poblados: Valledupar, El Copey, Pueblo Bello, El Paso, San Diego, La Paz, Codazzi, Becerril, La Jagua, Chirigüaná, Curumaní, La Gloria, Gamarra, Aguachica y San Alberto. Una cifra notoria, dado que este territorio apenas sobrepasaba un complejo periodo de conflicto y violencia.

52.Según Pastoral Social, entre 1997 y 2007, en 24 municipios del Cesar se presentó el fenómeno de abandono de tierras por presiones de grupos armados; aunque las cifras y las responsabilidades son discutibles, se menciona un total de 74.742 hectáreas abandonadas.

53.El despojo tuvo lugar fundamentalmente en zonas bajas; en el piedemonte y la vertiente las propiedades campesinas fueron abandonadas.

54.“[…] No obstante la leve caída del número de acciones colectivas en 2005 y 2006 y, de una más brusca, en 2008, se constata una tendencia creciente en la protesta social, de forma tal que podría decirse que durante los casi siete años de gobierno del actual mandatario se han producido dos luchas sociales por día, es decir, el periodo que en promedio tiene el de mayor número de luchas sociales por año desde 1958. Entre 1958 y 1974, la media anual de luchas sociales fue de 173 (Archila, 2004, p. 347); entre 1975 y 1990 esta asciende a 476; entre 1991 y 2001 desciende ligeramente a 429. Pero entre 2002 y 2008 se aprecia un considerable aumento, llegando a una media de 643 luchas sociales por año (Cf. Base de Datos de Luchas Sociales - Cinep)”.

Conclusión

Según los analistas citados (Le Grand, 1988; Zamosc, 1985; Reyes, 2009; Archila, 2004) el Estado fracasó en su intento de redistribuir la propiedad de la tierra a través de la reforma agraria y se impuso una vía de desarrollo que privilegió la gran propiedad de tipo capitalista. El Estado central fue débil frente al poder político y económico acumulado durante décadas por terratenientes, empresarios territoriales y gamonales políticos que crearon bloques de intereses opuestos a las pretensiones de modernización liberal emanadas, en distintos momentos (1928-1936; 1961-1973), desde el gobierno de Bogotá56. Ante estas tendencias las luchas por la tierra derivaron en movilizaciones y protestas cívicas por el desarrollo regional. Es una conclusión histórica, de largo plazo, aplicable a Colombia entera, en la que sin duda es posible incluir, con las variantes del caso, al Cesar.

En el mismo sentido, fracasó el intento de consolidar una alianza entre el Estado y el campesinado para alcanzar la modernización de la estructura agraria. El ámbito de acción política del Estado fue menoscabado por los intereses de los grandes gremios de productores. Las organizaciones campesinas promovidas desde el Estado no alcanzaron la suficiente fortaleza interna para encarnar los intereses fundamentales de sus representados, además de que naufragaron en las disputas internas y en un temprano radicalismo promovido por distintos sectores de izquierda. En distintos momentos, el Estado viró atendiendo las coyunturas económicas internacionales y, poco a poco, cerró una alianza con los grandes productores capitalistas quienes terminaron imponiendo sus intereses en el agro y moldearon la imagen institucional del Estado frente a los campesinos. No obstante, la vía triunfante no pudo superar la violencia y el conflicto armado; pronto la guerrilla se expandió desde antiguas zonas de colonización y el paramilitarismo se mostró como un modelo de seguridad y protección de intereses privados.

55.Cesar aparece en la posición 12 de 32 en la distribución de las luchas sociales por departamentos.

56. No se consolidó un sector importante de medianos productores campesinos capaces de acumular excedentes de capital, al mismo tiempo que abastecían (a bajos precios) de alimentos y materias primas a las industrias y a las crecientes economías urbanas y, además, constituían un sector estable creador de empleo, tributario del Estado y consumidor de servicios.

En síntesis, el conflicto por la tierra generó dos formas de violencia. Una ejercida desde arriba, protagonizada por los grandes propietarios; otra nacida y proyectada desde abajo, por los campesinos y colonos. Sin embargo, la relación entre ambas fue asimétrica; la primera se amparó en las estructuras del poder local y regional, fue ejecutada por la fuerza pública o los grupos paramilitares; la segunda no tuvo apoyo del Estado aunque buscó legitimidad en las reformas que intentaron una redistribución de la tierra; fue difusa y proclive a la negociación. La primera fue desbordada o selectiva pero eficaz; la segunda fue alimentada por el resentimiento y sirvió de apoyo o de argumento para la lucha insurgente. Como resultado de este juego de confrontación perdieron los más débiles, su movilidad social fue detenida y prohibida; los más fuertes buscaron justificación en la defensa del orden y se escudaron en la deshumanización de sus adversarios57. No se profundizó el reconocimiento mutuo, producto del respeto por la diferencia; se impuso la fuerza, no el derecho. El Estado fue incapaz de salvaguardar relaciones sociales fundamentales en el ámbito rural y regional, y de garantizar un espacio civil común de diálogo, reconocimiento y superación de conflictos.

57. Es frecuente que algunos integrantes de las elites del departamento justifiquen las barbaridades de los paramilitares con el argumento de la defensa de la propiedad y el orden social.

La desmovilización de los grupos paramilitares (2005-2006) abrió una nueva esperanza a la movilización social campesina y cívica; esto es perceptible en el departamento del Cesar. Sectores sociales se expresan de nuevo con cautela pero con mayor claridad sobre sus problemáticas, intereses e identidades. Algunos gobiernos (municipales y departamentales) parecen responder a esta nueva tendencia. Aun así, emergen nuevas divisiones y motivos de conflicto; el acceso social discriminatorio a los recursos naturales, de producción y de ejercicio del poder político, son algunos de ellos.

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