Prioridades socioambientales para un territorio en paz

Este trabajo busca contribuir a la comprensión de la relación entre el conflicto social y armado en Colombia, y la pobreza. Para ello, primero se hace una breve discusión sobre los conceptos de sociedad, territorio y conflicto, así como de prioridades socioambientales. Luego se presenta un análisis de las cifras oficiales sobre las condiciones de vida en tres municipios en cada uno de los 11 departamentos con mayor número de víctimas, mayor número de eventos de violencia y mayor incidencia de la pobreza extrema. Se finaliza con una propuesta general para determinar las prioridades sociales y ambientales en el territorio con el fin de consolidar la paz en Colombia.

Recibido: 15 Noviembre 2014

Aprobado: 23 Mayo 2015

https://doi.org/10.15446/bitacora.v1n25.53596

Social and environmental priorities for a territory in peace

Prioridades socioambientais para um território em paz

Fernando Negret Fernández

fenegret@uol.com.br

Carlos Alberto Torres-Tovar

catorrest@unal.edu.co

Resumen

Palabras clave: Colombia, conflicto, territorio, prioridades socioambientales, paz.

Abstract

This paper seeks clarification about the relation between the armed conflict in Colombia and the poverty in the municipalities of the states that held the highest number of victims, violence events and extreme incidence of poverty, on the basis of official data. It is presented a short conceptual discussion about society, territory and conflict, an analysis of three most affected municipalities, in each of the eleven states, by the conflict and includes a general proposition for the determination of social and environmental priorities for peace in the Colombia territory.

Key words: Colombia, conflict, territory, social and environmental priorities, peace.

Resumo

Este trabalho busca contribuir para a compreensão da relação entre o conflito social e armado na Colômbia e a pobreza em municípios com maior número de vítimas, maior número de eventos de violência e maior incidência de pobreza extrema, com base em cifras oficiais. Apresenta-se uma breve discussão conceitual sobre sociedade, território e conflito, prioridades socioambientais, uma análise de três municípios em cada um dos 11 departamentos mais afetados pelo conflito, incluindo uma proposta geral para a determinação de essas prioridades sociais e ambientais no território com o fim de consolidar a paz.

Palavras Chave: Colômbia, conflito, território, prioridades socioambientais, paz.

Dossier central

Dossier central 

Fernando Negret-Fernández

Profesor Investigador. Arquitecto, Doctor en Economía. Miembro del grupo de investigación Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad.

Carlos Alberto Torres-Tovar

Profesor Asociado de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia. Arquitecto, Magíster y Doctor en Arquitectura y Ciudad y en Urbanismo. Investigador Senior (IS) de Colciencias. Líder del grupo de investigación Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad.

Fernando Negret Fernández, Carlos Alberto Torres-Tovar

Introducción

El propósito de este trabajo, el cual, corresponde a la primera etapa de la investigación1 Prioridades socioambientales para un territorio en paz es entender la relación entre el conflicto social y armado en Colombia, y las condiciones de vida de la población en los departamentos y municipios con mayor número de víctimas del conflicto, donde más eventos de violencia han ocurrido y la pobreza extrema tiene mayor incidencia. Se busca, en esta perspectiva, conocer cuáles son las deficiencias y necesidades sociales y ambientales para su resolución prioritaria en los municipios más afectados por la violencia, con base en cifras oficiales y de institutos de investigación.

Esas deficiencias y necesidades son entendidas como prioridades socioambientales para mejorar las condiciones de la población en los municipios investigados y lograr que tengan una vida digna. Estas prioridades son, en principio, los servicios básicos, los equipamientos sociales, las vías y el transporte, la disposición de los residuos sólidos, la disminución de los niveles de contaminación de los cuerpos de agua y de la deforestación, los problemas asociados a los riesgos naturales (inundaciones, deslizamientos, entre otros), así como la regularización de la tenencia de la propiedad de la tierra.

El artículo recurre a autores reconocidos que abordan los conceptos de sociedad, territorio y conflicto, con lo cual, se busca configurar una perspectiva teórica de análisis para una mejor comprensión de la ocupación general del territorio por parte de la sociedad colombiana y del propio conflicto en el país. El análisis de la relación entre conflicto y pobreza se realiza mediante la selección de 33 municipios en los 11 departamentos más afectados por la violencia, y las condiciones de vida son explicadas con base en la satisfacción de las necesidades básicas sociales y ambientales. Las conclusiones que se obtuvieron de este análisis demuestran que todos los municipios, además de estar afectados de modo directo por la guerra y generar hechos de desplazamiento forzoso de sus habitantes, son receptores de población en condición de desplazamiento de otros municipios. A su vez, existen graves problemas asociados a la dificultad para demostrar la propiedad de la tierra ya que históricamente se ha heredado de generación en generación y, por lo tanto, son poseedores sin titulación. De igual modo, los municipios analizados son los de menor condición jerárquica –se sitúan en las categorías 5 y 6–2, lo que dificulta su acceso a recursos públicos dada la baja capacidad que tienen para la generación de los mimos, a lo que se suma que las transferencias de la Nación son mínimas frente a las necesidades acumuladas. Adicional a ello, que generan las formas de subsistencia, rudimentarias e atrasadas de producción agrícola, pecuaria y minera que se han localizado en estos territorios.

El presente artículo finaliza con una propuesta general de investigación para llevar a cabo con las comunidades locales y así conocer, según su propia opinión y experticia, cuáles son las prioridades socioambientales para mejorar sus condiciones de vida y, mediante su satisfacción, consolidar el territorio en paz con vida digna para todos.

Metodología

Este artículo se apoya en bibliografía conocida e incluye algunas reflexiones de sus autores acerca de cómo establecer prioridades sociales y ambientales para construir un territorio que contribuya a la paz en Colombia. En este sentido, se parte de la comprensión de que el territorio de las naciones y las sociedades nacionales que los ocupan son una unidad dialéctica, están interrelacionados y son inseparables, por ello, sus transformaciones sociales y territoriales se explican de manera conjunta y de forma integrada.

Diversos autores comparten esa comprensión. Para Castells (1974) el territorio es la expresión de la sociedad en sus diversos elementos económicos, políticos e ideológicos. De Oliveira (1977) plantea que las características de las regiones en territorios nacionales están determinadas por la integración de las dimensiones económica y política, y la consecuente generación de clases sociales regionales y sus conflictos. Lojkine (1979) utiliza el término segregación espacial o territorial para explicar la distribución desigual de la vivienda, de los equipamientos sociales y del transporte en diferentes ciudades de Francia, y en barrios de las ciudades. Pradilla (1984) considera el territorio como soporte y condición necesaria de toda sociedad. Coraggio (1994) explica que la organización territorial es el producto de procesos sociales. Harvey (2006) plantea que el proceso de acumulación de capital en el territorio debe experimentar reformas periódicas del ambiente geográfico para adaptarlo a las necesidades de la acumulación adicional.

Dichos planteamientos tienen en común el hecho de que el desarrollo de las sociedades y del capital están integradas al territorio, pues es sobre él y con base en la tierra y sus recursos naturales que las sociedades se desarrollan, y generan clases sociales desiguales y conflictos entre ellas por la apropiación de los beneficios que se producen a partir de la explotación de esos recursos. La falta de un Estado, al menos regulador de las desigualdades sociales y de los conflictos, lleva a que la confrontación social sea intensa y violenta. La deficiencia o negligencia en los controles de la explotación de los recursos naturales conduce a la degradación del medio ambiente y al empobrecimiento del patrimonio natural que es un bien social público.

Esta es la historia del desarrollo de la sociedad colombiana: un territorio rico y privilegiado, generoso en recursos y bellezas naturales que ha sido escenario durante décadas de una violencia sin par en el contexto mundial. Es claro que esa violencia es producto de las desigualdades e injusticias sociales en las que han participado diversos agentes sociales. De un lado, las clases sociales agrarias, industriales y financieras que representan menos del 5% de la población y que no han conseguido construir un país verdaderamente democrático y más igualitario. De otro lado, la inmensa mayoría de los colombianos, integrada por una clase media que no llega a la tercera parte de la población, y por los más pobres y vulnerables que equivalen a cerca del 70% de los habitantes. Esta estratificación social se expresa en el territorio y en las ciudades, en la apropiación desigual de la tierra, en la calidad de las viviendas, en el acceso a los servicios públicos y en la calidad del servicio que prestan, en los equipamientos sociales y, sobre todo, en las condiciones de vida.

La desigualdad en regiones y ciudades de Colombia ha sido y continúa siendo la principal causa de la violencia y, en ese sentido, el presente trabajo asume como perspectiva de análisis que en las regiones donde hay pobreza y los servicios públicos y equipamientos sociales son más deficitarios y, en general, donde no están satisfechas las necesidades básicas para una condición de vida digna, los conflictos sociales son más intensos. Para ello, se seleccionaron los tres municipios en cada uno de los 11 departamentos con mayor número de víctimas, de eventos de violencia y de incidencia de la pobreza extrema, utilizando informaciones oficiales sobre la dotación de servicios y equipamientos, los riesgos ambientales, la inseguridad y la situación legal de la tierra.

Es importante destacar que se utilizó el municipio como unidad de análisis de la correlación entre violencia y pobreza, o entre violencia y prioridades socioambientales porque la información disponible, que no es abundante, está sistematizada por municipios. Además, esta es la unidad administrativa y de gestión básica del territorio, y debe consolidarse como la institución con capacidad de defender los derechos de forma democrática.

En este sentido, Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz afirma: “lo que me interesa resaltar es que tenemos que aprovechar el momento de la paz para alinear los incentivos y desarrollar las instituciones en el territorio que con el tiempo van a hacer valer los derechos de todos por igual” (Jaramillo, 2014: 5).

El planteamiento de Jaramillo (2014) refuerza lo que se plantea en este artículo frente a la importancia de desarrollar las instituciones, tanto aquellas sobre las cuales se debe apoyar el Estado para la gestión territorial, principalmente los municipios, como aquellas instituciones que representan legítimamente a los grupos poblacionales (comunidades indígenas, afrocolombianos, colonos, campesinos, entre otros).

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó un diagnóstico y un análisis preliminar con base en los cuales se establecieron correlaciones entre las prioridades socioambientales y la situación de conflicto en los 33 municipios seleccionados. Estos resultados permitieron hacer una propuesta complementaria con el fin de conocer, en la medida de lo posible, a través de las opiniones y los saberes de la población local, lo que ella considera como prioridades socioambientales para alcanzar un territorio en paz.

Sociedad, territorio y conflicto

En términos conceptuales y como se vio en el aparte anterior, la sociedad y el territorio son una unidad indivisible. La sociedad está integrada por clases sociales diversas que surgieron a partir de su relación con el territorio y el uso de sus recursos, y se desarrollaron según las relaciones sociales con otras clases propietarias de tierras, empresas y medios de producción. La concepción clásica del desarrollo de la estructura social o sociedad define su origen en la modificación del grupo de parentesco o familia y en la división interna del trabajo. Con el tiempo, este grupo familiar genera jerarquías y clases sociales en su interior a partir de las diversas actividades que se realizan en la comunidad o sociedad y de las relaciones con otras sociedades. Con la declinación de la propiedad comunal, el surgimiento de la propiedad privada y el desarrollo de la manufactura, la industria y el comercio ocurre una división grande del trabajo y entre estas actividades predominantemente urbanas y la agricultura en el medio rural, materializándose de esta forma una división fuerte entre el campo y la ciudad, y sus respectivas clases sociales (Hobsbawm, 1978).

Este proceso general de desarrollo de la sociedad ocurre de manera particular en los territorios nacionales y en sus regiones, asignándoles características específicas de acuerdo a las dinámicas de ocupación territorial, al avance de diferentes sectores económicos y a las consecuentes estructuras sociales que se configuran regionalmente en el territorio de las naciones, a partir de la división del trabajo y de los niveles de ingresos. Estas estructuras sociales están integradas por clases diferenciadas, incluyendo las que poseen la tierra, la producción, el capital y el poder, y también las clases correspondientes a los pequeños propietarios y trabajadores de las ciudades y el campo. Las desigualdades en las condiciones de vida entre estas clases sociales han sido, y continúan siendo, una de las causas principales de los conflictos y de las grandes revoluciones.

La teoría clásica sobre el desarrollo de las sociedades –incluyendo las actuales– explica que el conflicto es el factor primordial de los cambios sociales. El principal conflicto en nuestras sociedades se origina en la relación desigual entre los distintos sectores económicos, donde unos pocos se benefician del trabajo de grandes masas de trabajadores a los que les pagan mucho menos del valor producido. Esta situación genera condiciones de vida enormemente desiguales y ocasiona conflictos de clases.

Con relación a la formación de las clases sociales y de las regiones en los territorios nacionales, Francisco de Oliveira (1977) afirma que una región se define con base en las características generadas por la integración e interrelación de procesos económicos y políticos en un territorio. Es decir, que los procesos productivos regionales predominantes generan clases sociales también predominantes políticamente en sus regiones, las cuales, producen luchas y conflictos por la tierra, por los recursos, por el mercado, por el poder regional y también por la subsistencia. A su vez, Harvey plantea que “el poder de organizar el espacio se origina en un conjunto complejo de fuerzas movilizado por diversos agentes sociales. Es un proceso conflictivo, todavía más en los espacios ecológicos de densidad social muy diversificada” (Harvey, 2006: 171).

Puede ser comentado con relación a este planteamiento de Harvey (2006) que efectivamente y, en general, toda ocupación y organización del territorio implica conflictos, mucho más cuando ese territorio ya está ocupado y es usurpado por fuerzas externas, como ha sucedido desde la colonia en América Latina y posteriormente con el desarrollo capitalista, la mecanización y la expulsión del pequeño campesinado. O por conflictos armados, como el colombiano, que ha implicado la apropiación, el despojo y el desplazamiento por la fuerza de millones de familias del campo (más de 6.044.200 de colombianos desde 1985 según Norwegian Refugee Council, 2015).

En una perspectiva relacionada con regiones ya existentes y estructuradas, Harvey afirma que las alianzas regionales de clases, vinculadas vagamente en un territorio y organizadas habitualmente (aunque no exclusiva o únicamente) por el Estado, son una respuesta necesaria e inevitable a la necesidad de defender valores ya materializados y la coherencia regional estructurada ya alcanzada (Harvey, 2006: 151).

Este planteamiento complementario del autor permite pensar que en el caso colombiano las alianzas regionales de clases, particularmente aquellas de los grandes productores del sector agropecuario con el apoyo del Estado, sí ocurrieron y siguen ocurriendo para defender sus propiedades y las formas de organización regional de la producción. En este sentido, son conocidos los sectores de la caña de azúcar, la palma africana, la ganadería, entre otros.

Lo anterior muestra visiones de académicos reconocidos que teorizan sobre los conflictos en el territorio, aunque también es necesario incorporar la visión del Estado colombiano al respecto. Según el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, la visión del gobierno integra una “preocupación por el territorio y una preocupación por los derechos”, lo que significa que el proceso de paz debe satisfacer los derechos de las víctimas, que incluyen tanto su protección como la garantía “por igual [de] los derechos constitucionales de los colombianos en todo el territorio” (Jaramillo, 2014).

Cabe resaltar que el propio Comisionado para la Paz reconoce que en el caso de Colombia “hay condiciones en el campo de pobreza extrema, de falta de oportunidades y de debilidad de las instituciones a la hora de regular la vida pública, que han permitido que la violencia florezca” (Jaramillo, 2014).

Georg Simmel (1939) asegura que el conflicto puede funcionar como un elemento aglutinador y de fortalecimiento de la organización social, lo que puede ser aplicado tanto a conflictos entre grupos al interior de una sociedad, como a conflictos externos entre comunidades, sociedades y hasta países. Esta perspectiva ha sido considerada como una forma positiva de entender el conflicto, al cual, le adjudica un poder unificador y de cohesión social.

Simmel plantea que “en principio la importancia sociológica del conflicto nunca fue cuestionada. Se admite que el conflicto produzca, o modifique grupos de interés, uniones, organizaciones” (Simmel, 1983: 123). El conflicto está destinado a resolver dualismos divergentes, es un modo de conseguir algún tipo de unidad: “todas las formas sociales aparecen con nueva luz cuando son vistos por el ángulo del carácter sociológico positivo del conflicto” (Simmel, 1983: 124). Esta es la concepción positiva simmeliana que resalta la importancia del conflicto como un elemento que agrega y genera avances entre las partes conflictivas, siendo, por lo tanto, la perspectiva que se espera adoptar en la resolución del conflicto colombiano.

Así mismo, con base en los planteamientos de Simmel, Giane Alves de Carvalho afirma que el autor contribuye con “un nuevo paradigma de los conflictos sociales al comprender el conflicto social como medio constante de integración social que vise la socialización de los sujetos” (Alves de Carvalho, 2007: 152). Este planteamiento es de gran importancia porque sugiere que el conflicto debe ser utilizado también como un instrumento integrador de la sociedad.

Con referencia al conflicto social en Simmel, Marcela Albuquerque Maciel afirma que la atribución de un valor negativo a los procesos resultantes del conflicto sería problemático, pues desconocería que el conflicto “es uno de los elementos del proceso civilizatorio, presente en las variadas interacciones y relaciones sociales reproducidas en la sociedad, que mantiene o aniquila antiguas estructuras, pero también recrea nuevas” (Maciel, 2011: 2).

La forma como Simmel (1939) entiende y trata los conflictos ha sido una gran contribución teórica porque es una contraposición a la manera negativa y problemática de verlos. Esta perspectiva es muy útil para una reflexión sobre el conflicto en Colombia pues, en medio de la extrema violencia, la muerte y el dolor que se ha producido por décadas en el país, lo cual es realmente negativo y dramático, es necesario desarmar los espíritus y buscar el mejor provecho a las negociaciones y a los diálogos de paz, construyendo confianza entre todos los colombianos y aportando con sinceridad, racionalidad y lucidez a la construcción de un país sin violencia y con una vida digna para todos. Eso es lo que se debe aspirar para Colombia en el posconflicto: paz con vida digna.

Prioridades socioambientales

Se definen como prioridades socioambientales los aspectos materiales e inmateriales que determinan las condiciones de una vida digna de la población en la totalidad del territorio (urbano y rural) y que, por lo tanto, deben ser atendidos y suministrados de manera inmediata y prioritaria. Se trata entonces de un concepto que incorpora todos aquellos elementos que constituyen un hábitat digno con las necesidades básicas resueltas o satisfechas y una vida social con seguridad y paz. Es un concepto que incorpora los aspectos sociales y ambientales con la intención de abordar la pobreza y el medio ambiente, precisamente, como los dos aspectos más importantes de la vida actual y que hacen parte de las agendas de las agencias internacionales y de prácticamente todos los países del mundo.

No existe una bibliografía sobre el concepto de prioridades socioambientales. Sólo está propuesto en Metodología para Zonificación Municipal de Prioridades Socioambientales (Negret Fernández, 2013a) y en el libro Prioridades socioambientais e políticas públicas en Goiânia, Go (Negret Fernández, 2013b). Esta obra es producto de una investigación realizada con los líderes y los representantes sociales de los diez barrios más pobres de la ciudad de Goiânia en Brasil acerca de lo que ellos consideran como sus prioridades en lo social y en lo ambiental.

De acuerdo con los resultados de la investigación (Negret Fernández, 2013b), la seguridad pública, la lucha contra la violencia y la convivencia en esos barrios son la prioridad número uno. En segundo lugar se encuentra el servicio de salud dada la poca atención que reciben los pacientes en sus localidades, seguido por la educación, el alcantarillado, la falta de comercio local, el transporte, la recreación y la recolección de la basura, entre otros aspectos. Conviene aclarar que estos barrios, siendo los más pobres de Goiânia, no son propiamente favelas o asentamientos informales con otras necesidades consideradas más básicas, por ejemplo, el agua, la vivienda, la energía o el asfalto, porque estos aspectos están resueltos. Sin embargo, es importante reiterar que en los barrios con ciertas necesidades resueltas, la prioridad también es la lucha contra la inseguridad y la violencia, pues son los conflictos más graves resultantes de la desigualdad social.

En Colombia se han realizado trabajos sobre el territorio y la violencia, uno es el adelantado por el Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, sin embargo, no se discuten en este artículo pues la intención es mostrar la perspectiva de análisis de las prioridades socioambientales como una manera objetiva de conocer las necesidades y los deseos de la población afectada por la violencia, y formular de forma rápida políticas públicas para atender las prioridades identificadas por las propias comunidades. Es una visión complementaria que puede contribuir a identificar necesidades, y a proponer políticas y cursos de acción.

Las condiciones ambientales están afectando crecientemente las condiciones sociales de vida y, en esa perspectiva, lo ambiental y lo social también son indivisibles. Se incluyen como prioridades socioambientales, en un sentido amplio y de forma ilustrativa, lo que en general la población pobre y con graves conflictos considera esencial y que necesita ser resuelto de forma inmediata: los servicios de agua, alcantarillado y energía, los equipamientos de educación, salud y recreación, el abastecimiento de insumos básicos, además de las vías de acceso y el transporte. Sin embargo, hay otras prioridades como las mencionadas en Goiânia y relacionadas con las especificidades del conflicto social y armado en Colombia que incluyen, además de la seguridad y la violencia, la reposición y la regularización de tierras, que son prioridades esenciales de la población en diversas regiones, municipios y ciudades del territorio nacional para recuperar una condición digna de vida3.

Conviene mencionar que las prioridades ambientales hacen referencia a las necesidades y acciones que deben ser tomadas para evitar que fenómenos o procesos resultantes de la relación sociedad-naturaleza generen accidentes o tragedias sociales, así como la degradación de los recursos naturales. Estos procesos están relacionados con la relocalización de los asentamientos urbanos y rurales que se encuentran en zonas de riesgo por inundaciones y deslizamientos, por la contaminación de los cuerpos de agua, del suelo y del aire, o por procesos de producción agrícola o minera. También son prioridades la contención de la desforestación en ecosistemas de alto valor por sus servicios ambientales, principalmente, en las márgenes de fuentes de abastecimiento de agua, más aun hoy en día porque en el territorio se están presentando fenómenos asociados con el cambio climático.

Muchas de estas necesidades prioritarias han permanecido sin resolución y, evidentemente, han sido una de las causas de los conflictos sociales y armados en diversos países del mundo. En ese sentido, es fundamental tenerlos en consideración para entender las razones y las soluciones de estos conflictos.

Para el desarrollo del presente artículo y considerando las información sistematizada en la Tabla No. 5, se asumen como prioridades socioambientales iniciales la disponibilidad de agua, alcantarillado, energía, gas y teléfono. Aunque estos no son todos los servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades de una vida digna, evidentemente son los fundamentales en términos de condiciones sociales y ambientales mínimas y, en esa perspectiva, permiten un análisis inicial para relacionar la pobreza con el conflicto armado. El agua y el alcantarillado son reconocidos internacionalmente como dos servicios indispensables para llevar una vida ambientalmente saludable, pues su inexistencia o mala calidad producen diversas enfermedades crónicas. La energía y el gas son otros dos servicios de relevancia para la calidad de vida familiar y en comunidad, pues la existencia de los mismos significa comodidades en el hogar, preservación de los alimentos en condiciones higiénicas y ambientales adecuadas, y facilidades para la realización de actividades y eventos sociales, culturales y comunitarios. La ausencia de energía y gas resulta en diversas incomodidades y problemas, entre ellos, el uso de la leña, lo que lleva a la deforestación y a la contaminación con CO2. El teléfono es un medio de comunicación que contribuye a mantener los lazos familiares y comunitarios, y a combatir el aislamiento de municipios en medio del conflicto. Más adelante se realiza un análisis concreto de la disponibilidad de estos servicios en los 33 municipios seleccionados afectados por la violencia.

Ocupación del territorio y el conflicto social y armado en Colombia

La ocupación del territorio en Colombia y la formación de las regiones fueron procesos que implicaron la generación de clases sociales antagónicas, conflictos por la posesión de la tierra y los recursos naturales, así como luchas por el poder local y nacional. Diversos períodos de la historia nacional han sido marcados por la intensificación de las luchas entre clases sociales agrupadas en partidos políticos. Desde el final de la década de 1940 los propietarios de las tierras y la naciente burguesía industrial colombiana, congregados en los partidos tradicionales conservador y liberal, se enfrentaron por el poder nacional, arrasando los campos y las zonas rurales durante el aciago periodo denominado “La Violencia”. Luego vino el Frente Nacional (1958-1974), una coalición política y electoral entre liberales y conservadores que marcó el fin de la violencia bipartidista, pero cuyo objetivo no era la transformación social (Fals Borda, 1967), por eso, la reforma agraria que beneficiaría a los campesinos se quedó en promesas y los trabajadores urbanos no pudieron resolver sus necesidades de vivienda, servicios básicos y equipamientos sociales.

Durante la segunda mitad del siglo XX la Unión Soviética y China se consolidaron como potencias socialistas. En América Latina sucedieron la revolución cubana y diversos movimientos revolucionarios en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Uruguay. En Europa hubo importantes movimientos estudiantiles y ocurrió el ascenso de partidos de izquierda en España, Portugal, Francia e Italia. En África países como Angola y Mozambique también mudaron sus regímenes hacia la izquierda siguiendo una tendencia internacional para mejorar las condiciones de vida en sus países. Colombia, en particular, no fue ajena a estas tendencias internacionales y recibió la influencia de Cuba, de la Unión Soviética y de China, generándose en su interior partidos políticos y movimientos insurgentes aliados con esas tendencias como las FARC, el ELN y el EPL (Arrubla et al., 1978). También surgieron movimientos de orientación más nacional, como el M-19, el cual, firmó su desmovilización en marzo de 1990. Todos estos movimientos optaron por la lucha armada para forzar el cambio político y social, y mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano.

El período del conflicto social y armado que va desde la década de 1950 hasta el final de la década de 1970 es protagonizado por los grupos insurgentes y en la década de 1980 surgen los grupos paramilitares, con lo que se diversifica y se eleva la intensidad de la violencia en todas las regiones del país, principalmente en los pueblos y en el área rural, aunque en las ciudades también se manifiesta el conflicto por medio de asesinatos selectivos.

Según el Proyecto Víctimas de Revista Semana (2013), los diferentes grupos armados realizaron acciones de fuerza en todo el territorio nacional que se han catalogado como: acciones terroristas (15.395 actos en los últimos 10 años), masacres (2.087 con un número de 9.509 asesinados entre 1983 y 2011), violencia sexual (489.687 víctimas aunque sólo se contabilizan judicialmente 96), homicidios (más de 100.000, aunque sólo se han confesado 25.757 durante el proceso de paz), atentados contra la infraestructura (4.586 en la última década), amenazas (59.352), secuestros extorsivos (16.123 entre 1996 y 2012), afectaciones a la población (2.683.335 mujeres y 1.163.218 niños(as) menores de 12 años), niños(as) reclutados por los grupos armados (5.105 se han desmovilizado entre 1999 y 2012), afectaciones a la población afrodescendiente (479.795, uno de cada cinco desplazados pertenece a este grupo étnico) e indígena (2.628 asesinados y 115.000 desplazados), asesinato de alcaldes, concejales, candidatos y funcionarios locales (3.000 desde 1986), de sindicalistas (2.994 entre 1978 y 2012), de defensores de derechos humanos (299 desde 1985), de periodistas (137 desde 1977) y de reclamantes de tierras (20), y amenazas a reclamantes de tierras (700 desde que empezó el proceso de restitución de tierras).

Así, las mayores consecuencias del conflicto social y armado se relacionan con 7.620.114 víctimas registradas del desplazamiento forzado4 (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2015), 395.577 refugiados (de los cuales, 123.143 han sido reconocidos oficialmente como tal por diez países), 36.544 víctimas de desapariciones forzadas (entre 1992 y 2015), 10.272 personas afectadas por las minas anti persona, más de 3.000 víctimas de falsos positivos y un total de 2.905 militares detenidos. Se estima que más de 220.000 colombianos han muerto como resultado de toda esta violencia (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2011), las pérdidas económicas ocasionados por el conflicto, y el aumento deplorable de la indigencia y la pobreza entre los colombianos son incalculables, mientras el gobierno gasta miles de millones de dólares en armamento y en la manutención de las fuerzas militares más grandes y mejor entrenadas de América Latina, estimadas en 775.000 uniformados5.

El senador Roy Barreras, miembro de la Comisión de Paz del Senado en 2015, informó acerca de las ventajas económicas que generará una eventual negociación del conflicto: es más barato para el Estado la reinserción de un desmovilizado ($4.9 millones de pesos o US$ 2.400) que la muerte de un guerrillero ($6 millones de pesos o US$ 3.000 aproximadamente) y se estima que en los próximos diez años el gobierno invertirá en todos los aspectos relacionados con la paz un monto de por lo menos 10 billones de pesos, (250 mil millones de dólares aproximadamente), sin embargo, estos recursos no están previstos en el presupuesto general de la nación de 2015, como tampoco en el Plan Nacional de Desarrollo (Colprensa, 2014). Es importante señalar que existen cifras diferentes sobre los costos del postconflicto. El presidente Juan Manuel Santos y el gobierno nacional hablan de 45 mil millones de dólares, algo así como el 10% del PIB actual de Colombia.

Con relación al impacto del conflicto en la generación de la pobreza y la indigencia entre los colombianos, los datos del DANE (2003) (véase la Tabla No. 1) muestran que la indigencia en 1991 era de 20,4% y para 2003 había aumentado a 21,1%. La pobreza era de 53,8% en 1991 y había llegado a 64,3% en 2003. Así mismo, el DANE señala que para 2013 la pobreza a nivel nacional se redujo a 30,6%, al igual que el porcentaje de personas en pobreza extrema que fue de 9,1%.En las zonas rurales el comportamiento fue para el mismo año de 42,8% de personas en pobreza y de 19,1% de personas en pobreza extrema. El Índice de Pobreza Multimodal (IMP) estableció para 2013 que el porcentaje de personas pobres a nivel nacional era de 24,8% y en las zonas rurales era de 45,9%. El mayor porcentaje de pobreza se encontró en la región Pacífica –sin incluir el Valle del Cauca– (37,6%), seguida por la región Atlántica (37,4%) y la Central (26,1%).

Las cifras del conflicto social y armado son dramáticamente negativas, especialmente en las regiones más apartadas de los grandes centros urbanos donde las necesidades básicas no han sido satisfechas y las condiciones de vida empeoran en medio del conflicto. A esto se suma el deterioro de los escasos servicios y equipamientos sociales presentes en estos territorios, agravado por las condiciones de inseguridad en los campos, tornándose en un factor nuevo de degradación de la vida social y en el promotor del desplazamiento de población más rápido y de mayor magnitud de la historia de Colombia. Esta emigración hacia las ciudades también ha afectado la seguridad y las condiciones de vida urbana, generalizándose el impacto negativo del conflicto social y armado en todas las regiones y ciudades del país. Ante las cifras negativas del impacto del conflicto entre los colombianos conviene recordar los planteamientos de Simmel (1939) y asumir que es necesario aprovechar los diálogos y las negociaciones para avanzar en la resolución de las causas del conflicto, y cultivar las bases para la construcción de una paz con dignidad en el territorio nacional.

Tabla No. 1. Pobreza e Indigencia por ingresos (%) 1991- 2003. Fuente: DANE, 2003. Nota: Las cifras para 1991-1995 son inseguras, pues se basan en factores demográficos de expansión poblacional que no ha revisado el DANE (los ingresos laborales que por entonces tenían topes máximos no deben alterar en principio la estimación de pobreza). Las cifras 2002-2005 se ajustaron a Cuentas Nacionales a partir de las Cuentas Nacionales, definitivas en 2002 y en las reestimaciones del PIB para 2003 y 2004 publicadas en enero de 2006; el dato 2005 es provisional y se basa en el crecimiento enero-septiembre 2004-2005. Fuentes: Cálculos MERPD con base en ENH diciembre (1991), ENH septiembre (1992-2000), ECH tercer trimestre (2001-2005). Lopez y Niñez (2007). Pobreza y desigualdad en Colombia. Diagnóstico y Estrategias. Estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad. DNP, Bogotá. MESEP/ Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad. RESULTADOS CIFRAS DE POBREZA, INDIGENCIA Y DESIGUALDAD 2009. DANE. DNP. Bogotá, Abril 2010.

En un comunicado de prensa, el DANE (2013) analiza la incidencia de la pobreza extrema6 en Colombia por departamentos, en cuyos datos se evidencia una relación entre el conflicto y la pobreza. En este sentido, el estudio del DANE afirma que los departamentos con mayor incidencia de la pobreza extrema son Chocó (40,7%), Cauca (34,0%), La Guajira (27,7%), Córdoba (27,3%) y Magdalena (17,4%). Por otra parte, los departamentos con niveles de incidencia más bajos son Santander (4,6%) y Atlántico (4,7%), a lo que se suma Bogotá D.C. (2,0%). (Véase el Gráfico No. 1, siguiente página).

La enorme desigualdad en los cinco departamentos más pobres del país y en Bogotá es estremecedora y muestra con claridad por qué Colombia es considerada como uno de los países más desiguales del mundo. Además, es allí donde el conflicto social y armado está presente con mayor intensidad, demostrando, a su vez, la perversa combinación de pobreza y deficiencia en los servicios públicos y en los equipamientos sociales, con la inseguridad y el miedo de convivir cotidianamente con las balas y el terror del conflicto. Así, conviene tener en cuenta una vez más las consideraciones del Alto Comisionado para la Paz del gobierno colombiano, en las cuales, reconoce que son las “condiciones en el campo de pobreza extrema, de falta de oportunidades y de debilidad de las instituciones a la hora de regular la vida pública, que han permitido que la violencia florezca” (Jaramillo, 2014).

Gráfico No. 1. Línea de Pobreza Extrema por departamentos 2012 Fuente: DANE, cálculos con base GEIH. 2013. Comunicado de Prensa (2013). Resultados Pobreza Monetaria y Desigualdad 2012, por Departamentos. Oficina de Prensa DANE 10-07-2013. Bogotá D.C.

Conflicto armado y pobreza en 11 municipios de Colombia

El análisis que se presenta a continuación correlaciona el conflicto con la pobreza y toma como base tres municipios en cada uno de los 11 departamentos de Colombia donde hay mayor número de víctimas, mayor número de eventos de violencia y mayor incidencia de la pobreza extrema según los datos del DANE (2014) (véase la Tabla No. 2). Se tuvieron en cuenta las prioridades socioambientales fundamentales, la inseguridad y violencia que ocurre en esos municipios debido al conflicto.

Con base en esta información se clasificaron los departamentos con el mayor número de municipios afectados con mayor violencia y pobreza. El procedimiento jerarquizó los 18 departamentos más afectados por el conflicto y la pobreza de la siguiente manera: Cauca 22; Antioquia 19; Nariño 18, Chocó: 16, Magdalena: 14, Bolivar: 10, Valle, Cesar y Guajira: 8, Córdoba y Caquetá: 7, Huila: 5, Cesar: 5, Norte de Santander: 5, Arauca: 4, Putumayo: 3, y Meta y Tolima: 2. De ellos fueron seleccionados 11 departamentos que presentaban las condiciones más criticas y de cada uno se eligieron tres municipios localizados en regiones de conflictos, reconocidos por padecer eventos de violencia y tener alta presencia de poblacion desplazada.7 (Véase la Tabla No. 3).

Departamentos con mayor número de víctimas de la violencia		Departamentos con mayor número de eventos de Violencia		Departamentos con mayor incidencia de pobreza extrema
10. Antioquia	1.499.364	10. Cauca	657	10. Chocó	40.7
9. Bolívar	570.332	9. Antioquia	591	9. Cauca	34.0
8. Magdalena	452.563	8. Valle	344	8. Guajira	27.7
7. Nariño	393.202	7. Caquetá	339	7. Córdoba	27.3
6. Choco	387.939	6. Nariño	331	6. Magdalena	17.4
5. Cesar	365.226	5. Norte de Santander	330	5. Nariño	17.2
4. Valle	359.374	4. Arauca	328	4. Huila	16.6
3. Cauca	358.075	3. Putumayo	221	3. Cesar	15.8
2. Caquetá	309.787	2. Meta	213	2. Tolima	15.2
1. Córdoba	305.055	1. Huila	205	1. Bolívar	13.5

Tabla No. 2. Clasificación de los departamentos según número de víctimas y de eventos de violencia, y de pobreza extrema. Fuente: elaboración propia con base en DANE, 2013.

Departamento	Municipio 1	Municipio 2	Municipio 3
Cauca	Jambaló	Caldono	Toribío
Antioquia	Apartadó	Turbo	Arboletes
Nariño	Tumaco	Francisco Pizarro	Olaya Herrera (Bocas de Satinga)
Chocó	Rio Sucio	Bellavista/Bojayá	Juradó
Magdalena	Ariguani (El Difícil)	Chivoló	Pivijay
Bolivar (región de Montes de Maria)	San Juan Neponuceno	San Jacinto	El Guamo
Valle	Buenaventura	Dagua	La Cumbre
Cesar	Chiriguaná	Becerril	La Jágua de Iribico
Guajira	Riohacha	Urumita	Uribia
Córdoba	Pueblo Nuevo	Ayapel	Tierra Alta
Caquetá	San Vicente del Caguán	Cartagena del Chairá	El Doncello

Tabla No. 3. Departamentos y municipios seleccionados para el análisis

La Tabla No. 4 muestra la población que llegó desplazada entre 1999 y 2012 a cada municipio, así como su porcentaje con relación al número de habitantes en 2005. Los 33 municipios fueron receptores de población desplazada pero también desplazaron población hacia otros municipios. En cuatro casos (Jabaló, Caldono, Toribío y San Jacinto) superaron el total de la población residente en el municipio y en ocho casos (Tumaco, Olaya Herrera, Bellavista, San Juan Nepomuceno, Buenaventura, Tierralta, Cartagena del Chairá y El Doncello) se sobreparasó el 20% del total de la población residente.

Departamento		Municipio	Población total en 2005	Población desplazada entre 1999 y 2012 que llegó al municipio	% de llegada con relación a la población total en 2005
1	Cauca	Jambaló	1.055	1.818	172,32
2		Caldono	1.364	1.932	141,64
3		Toribío	1.699	9.431	555,09
4	Antioquia	Apartadó	134.250	18.651	13,89
5		Turbo	122.532	15.818	12,91
6		Arboletes	31.026	652	2,10
7	Nariño	Tumaco	160.899	58.724	36,50
8		Francisco Pizarro	11.183	645	5,77
9		Olaya Herrera (Bocas de Satinga)	18.750	5.913	31,54
10	Chocó	Rio Sucio	13.831	1.502	10,86
11		Bellavista/Bojaya	8.796	4.455	50,65
12		Juradó	2.792	296	10,60
13	Magdalena	Ariguani (El Difícil)	18.170	822	4,52
14		Chiboló	16.007	419	2,62
15		Pivijay	35.379	4.668	13,19
16	Bolívar	San Juan Nepomuceno	32.194	7.413	23,03
17		San Jacinto	2.172	6.365	293,05
18		El Guamo	7.724	49	0,63
19	Valle del Cauca	Buenaventura	323.775	69.915	21,59
20		Dagua	33.989	4.155	12,22
21		La Cumbre	10.786	814	7,55
22	Cesar	Chiriguaná	21.424	2.474	11,55
23		Becerril	13.516	2.600	19,24
24		La Jagua de Ibirico	21.368	1.185	5,55
25	Guajira	Riohacha	169.306	25.456	15,04
26		Urumita	13.446	1.323	9,84
27		Uribia	116.181	940	0,81
28	Córdoba	Pueblo Nuevo	31.740	987	3,11
29		Ayapel	42.552	1.115	2,62
30		Tierralta	78.144	22.255	28,48
31	Caquetá	San Vicente del Caguán	41.796	7.203	17,23
32		Cartagena del Chaira	20.219	8.564	42,36
33		El Doncello	18.624	3.750	20,14
Totales y Promedios			1.576.689	292.309	18,54
Máximo			323.775	69.915	555,09
Minino			1.055	49	0,63
Mediana			47.778	8.858	48,43

Tabla No. 4. Población desplazada entres 1999-2012 y % de llegada con relación a la población total de cada municipio en 2005 . Fuentes: elaboración propia con base en DANE, 2015 y SISDHES, 2015.

Departamento		Municipio	Población			Servicios Públicos Domiciliarios					Vivienda
			Total	% Hombres	% Mujeres	Agua potable	Alcantarillado	Energía eléctrica	Gas Natural	Telefonía fija	Casa	Casa indígena	Otro tipo Vivienda
1	Cauca	Jambaló	1.055	55,07	44,93	25,90	10,81	65,27	0.00	1,92	80,11	19,30	0,59
2		Caldono	1.364	51,83	48,17	64,38	11,44	63,93	0.00	3,88	86,59	10,66	2,75
3		Toribío	1.699	51,62	48,38	66,56	18,20	70,24	0.00	2,19	97,06	1,51	1,43
4	Antioquia	Apartadó	134.250	48,02	51,98	86.16	89,78	94.40	0.00	45.50	69.58	0.22	1.83
5		Turbo	122.532	50.24	49,76	42.89	32,22	79.54	0.00	28.09	84.01	1.28	0.27
6		Arboletes	31.026	51,60	48,4	52.03	33,53	58.88	0.00	21.45	91.59	1.66	0.83
7	Nariño	Tumaco	160.899	49.87	50.13	31.84	5.69	76.89	0.00	11.45	92.92	1.50	0.21
8		Francisco Pizarro	11.183	53.67	46.33	40.94	0.97	20.39	0.00	0,61	95.35	0.04	0.12
9		Olaya Herrera (Bocas de Satinga)	18.750	52,31	47,69	23.76	5,11	33.47	0.00	7,13	94,49	3,64	1,87
10	Chocó	Rio Sucio	13.831	51.07	48.93	0.12	0.44	38.74	0.00	7.94	77.01	13.59	0.97
11		Bellavista/Bojaya	8.796	51.49	48.51	3.37	1.21	2.31	0.00	0.53	95.19	1.42	0.28
12		Juradó	2.792	53.62	46.38	20.64	2.54	53.30	0.00	2.03	60.91	38.58	0.34
13	Magdalena	Arguani (El Difícil)	18.170	49.63	50.37	59.02	5.99	77.94	0.00	12.71	97.84	0.00	2.16
14		Chivoló	16.007	53.81	46.19	61.62	0.18	69.42	0.00	5.20	89.81	0.15	0.27
15		Pivijay	35.379	52.54	47.46	55.77	13.52	81.03	0.0	17.94	95.30	0.60	0.01
16	Bolívar	San Juan Nepomuceno	32.194	51.44	48.56	30.91	0.73	92.26	51.11	18.70	93.65	0.00	0.00
17		San Jacinto	2.172	51.91	48.09	2.0	0.36	91.53	59.86	8.11	97.65	0.00	0.09
18		El Guamo	7.724	54.19	45.81	86.45	0.26	95.53	0.00	4.41	99.74	0.00	0.00
19	Valle del Cauca	Buenaventura	323.775	48.18	51.82	77.03	61.12	89.97	0.00	29.57	83.45	0.31	0.26
20		Dagua	33.989	51.14	48.86	85.17	53.36	93.67	0.00	24.52	86.19	0.30	0.01
21		La Cumbre	10.786	51.32	48.68	88.76	38.50	94.97	0.00	19.09	97.05	0.03	0.06
22	Cesar	Chiriguaná	21.424	50.52	49.48	83.24	54.46	91.16	0.00	14.44	89.61	0.02	0.00
23		Becerril	13.516	53.08	46.92	69.84	59.47	75.89	20.58	14.06	96.24	0.00	0.05
24		La Jagua de Ibirico	21.368	51.61	48.39	86.55	71.73	91.82	21.80	11.37	90.86	0.00	0.36
25	Guajira	Riohacha	169.306	48.82	51.18	68.82	52.50	75.57	49.52	19.75	57.77	11.89	10.64
26		Urumita	13.446	49.87	50.13	60.86	54.87	65.11	47.21	24.95	59.15	23.25	0.04
27		Uribia	116.181	49.39	50.61	5.32	3.52	93.87	3.18	1.96	10.80	88.16	0.11
28	Córdoba	Pueblo Nuevo	31.740	51.87	48.13	59.84	15.56	79.89	20.76	14.36	96.48	0.47	0.03
29		Ayapel	42.552	51.99	48.01	19.86	18.75	71.82	4.05	17.43	92.20	0.00	0.50
30		Tierra Alta	78.144	51.42	48.58	42.74	20.68	77.66	0.00	14.48	82.48	4.51	0.31
31	Caquetá	San Vicente del Caguán	41.796	50.15	49.85	69.53	49.87	67.40	0.00	19.77	92.30	0.28	0.07
32		Cartagena del Chairá	20.219	51.76	48.24	41.24	35.73	41.31	0.00	4.82	94.81	0.17	0.41
33		El Doncello	18.624	50.32	49.68	71.57	67.14	80.82	0.00	10.68	89.80	0.07	0.13
Totales y promedios			1.576.689	9,41	10,28	5,47	6,09	6,04	-	0,48	10,86	1,06	0,20
Máximo			323.775	55,07	51,98	88,76	89,78	94,47	49,52	45,50	99,74	88,16	10,64
Mínino			1.055	48,02	44,93	0,12	0,18	2,31	0,00	0,53	10,80	0,00	0,00

Tabla No. 5. Población, servicios públicos domiciliarios y vivienda en 2005. Fuente: Elaboración propia con base en DANE, 2015.

Con relación a las prioridades socioambientales, el análisis incluye las siguientes: a) servicios públicos domiciliarios: agua, alcantarillado (aguas lluvias y negras) y energía; b) equipamientos y servicios de educación, salud, recreación y abastecimiento de insumos básicos; c) movilidad a partir de la existencia y garantía de vías y transporte; d) recolección y destino final de residuos sólidos (basuras); e) deforestación, contaminación de los cuerpos de agua, riesgos de inundación y de deslizamientos.

Sin embargo, esta información es difícil de obtener porque los municipios no registran sistemáticamente sus datos, debido a la baja capacidad de gestión que está asociada a presupuestos escasos y a la categorización como niveles 4, 5 o 6 según el ordenamiento político administrativo y fiscal colombiano. Ello sucede a pesar de encontrarse en zonas ricas en recursos naturales y minero energéticos que les generan problemas de diversa índole, pero que no contribuyen en el desarrollo real de los municipios.

La Tabla No. 5 contiene la información sobre la dotación de servicios públicos domiciliarios (agua, alcantarillado, energía, gas y teléfono) y de vivienda reportados en el último Censo General que se realizó en 2005 (DANE, 2015), los cuales, son considerados como prioridades sociales y ambientales. Con base en la información disponible sobre servicios públicos domiciliarios en los 33 municipios seleccionados se puede inferir que hay correlación entre pobreza y violencia. Con respecto al servicio del agua, 15 municipios tienen una cobertura menor a 50%, solamente siete municipios están por encima de 80% y ninguno llega a 90%. En alcantarillado la situación es peor: seis municipios no cubren al 1% de la población, 12 municipios no alcanzan el 20%, dos municipios llegan a más de 70% y solamente uno llega a 89,78% de los habitantes. Esta deficiencia en la cobertura de agua y alcantarillado claramente es un riesgo socio ambiental para la salud pública en esos municipios. La energía siempre ha sido un servicio de más amplia cobertura que los dos anteriores en todas las regiones, en cambio, el gas no llega a 24 municipios, en cuatro municipios menos del 25% de las viviendas usan este combustible y en los siete restantes ninguno tiene una cobertura mayor de 60%. En esta situación hace suponer que en muchas viviendas habrá uso de leña y carbón, y con ello, procesos de tala de bosques y deforestación.

Para ilustrar de forma complementaria la correlación entre violencia y pobreza, se realizó un análisis comparativo entre los cinco municipios con más población desplazada y la prestación de los servicios de agua, alcantarillado, energía, gas y teléfono en cada uno de ellos. Estos municipios son, en su orden, Toribío en el Cauca, San Jacinto en Bolívar, Bellavista/Bojayá en Chocó, Cartagena del Chairá en Caquetá y Tumaco en Nariño. La situación más crítica en la prestación de los servicios o en las prioridades sociales y ambientales es la siguiente: en Toribío existe una red de alcantarillado que cubre solamente 18,24% de la estructura urbana, el teléfono está instalado en 2,19% de las viviendas y nadie usa gas. En San Jacinto solamente 2% de las viviendas tienen acueducto y 0,36% alcantarillado. En Bella Vista/Bojayá, recordada por el genocidio en su iglesia en mayo de 2002, solamente 3,37% de las viviendas cuenta con agua, 1,21% con alcantarillado, 2,31% con energía, nadie usa gas y solamente existe teléfono en 0,53% de las viviendas. En Cartagena de Chairá el alcantarillado cubre al 35,73% de las viviendas, no se usa gas y solamente 4,02% de ellas tienen teléfono.

Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando los niveles de violencia y de insatisfacción de las necesidades básicas, es evidente que existen prioridades sociales y ambientales que deben ser satisfechas para conseguir una paz con dignidad social.

Por otra parte, la información sobre la existencia de escuelas y colegios, puestos de salud, espacios públicos para la recreación y el deporte, las dinámicas del comercio local para el abastecimiento de insumos básicos, así como el estado de las vías (asfaltadas o sin pavimentar), la existencia de procesos de deforestación, contaminación, inundación, deslizamiento u otros factores de riesgo y vulnerabilidad presentan atrasos significativos8 y están asociados a la realización y actualización de los Esquemas de Ordenamiento Territorial –EOT– o Planes Básicos de Ordenamiento Territorial –PBOT– en cada municipio. Estos planes, cuando existen, solo están disponibles para su consulta en los municipios, los cual, dificulta cualquier tipo de análisis.

La sociedad y el Estado colombiano no han resuelto hasta ahora las necesidades para una vida digna de más de la mitad de su población. Para consolidar la paz en todo el territorio nacional y, de modo particular, en esos territorios pobres y asediados por el conflicto, el país tiene que hacer un esfuerzo colectivo para resolver las prioridades sociales y ambientales, las cuales, deben ser establecidas por los propios habitantes locales y resueltas de forma inmediata con el fin de proporcionar a las poblaciones más afectadas una paz con vida digna.

Conclusión: una propuesta general para la determinar las prioridades socioambientales para la paz

La conclusión general es que la relación entre el conflicto y la pobreza se encuentra diseminada por todo el territorio nacional y hace presencia en municipios de departamentos de diferente nivel de desarrollo en el contexto nacional.

Esa distribución generalizada del conflicto y de la pobreza en todo el territorio colombiano demuestra que la desigualdad en la disponibilidad de los servicios públicos, los equipamientos sociales, las vías y el transporte, y los problemas ambientales relacionados con la desforestación, la contaminación de los ríos, la falta del manejo adecuado de la recolección y el tratamiento de las basuras presenta el mismo comportamiento en todo el país.

Frente a ello, y ante el deseo de los colombianos por alcanzar un acuerdo de paz y llevarlo a la práctica, muchas son las propuestas para avanzar en los diálogos, como también para la construcción de las obras de infraestructura y las acciones en el pos-conflicto.

Durante los diálogos en La Habana (2012-2015) se ha propuesto que la paz sea una política permanente de Estado, que se formule y ejecute una política integral para la paz, que las víctimas del conflicto tengan prioridad en todas las acciones relacionadas con la paz, que el perdón y la reconciliación sea el único camino posible sumados a la reparación, que el Estado garantice los mecanismos para el financiamiento del pos-conflicto, entre otros.

A continuación se delinea una propuesta general de las acciones que se pueden adelantar para obtener una visión territorial de las prioridades socioambientales en las áreas más afectadas por el conflicto, para trabajar de manera coordinada y con criterios de unidad y racionalidad en su solución a nivel nacional.

1. 1. Realizar una actualización de los datos de las regiones con los municipios donde el conflicto social y armado está presente y establecer con la información disponible las necesidades básicas de la población más afectada en el campo, particularmente las comunidades indígenas, las afrocolombianas, los colonos y los campesinos.
2. 2. Elaborar un mapa de las áreas de conflicto con las condiciones de vida de la población, el acceso y prestación de servicios públicos, equipamientos, infraestructura de vías y transporte, los factores de riesgo y vulnerabilidad medioambiental por municipio, para disponer de un instrumento de planificación y gestión del territorio para el pos-conflicto.
3. 3. Con base en este mapa preliminar del conflicto y de las prioridades socioambientales, se procederá a hacer una consulta para determinar junto con la población local lo que ella considera como sus prioridades sociales y ambientales.
4. 4. Con base en las prioridades establecidas por las propias comunidades, agentes sociales locales y las instituciones, se procederá a elaborar un Plan de acción territorial para la paz.
5. 5. Identificar prioridades socioambientales como una forma objetiva y concreta de obtener elementos que aporten a la formulación de políticas públicas y acciones a partir de las posiciones y los deseos de las comunidades locales afectadas por el conflicto.

Esta es una primera etapa de una investigación en desarrollo que complementa otros trabajos realizados con anterioridad y que puede ayudar a identificar las acciones que sugieren las comunidades locales para contribuir a la construcción de la paz en el territorio colombiano en un escenario de postconflicto.

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1 En esta primera etapa aún no se ha desarrollado una fase de trabajo de campo dadas las limitaciones de acceso a recursos económicos y de condiciones objetivas para la realización del mismo.

2 Los niveles van de 1 a 6, siendo 6 el más pequeño y con los menores recursos disponibles.

3 Para mayor información véase la Ley 1448 de 2011 (junio 10) o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

4 Están incluidas víctimas que han sufrido abandono o despojo de tierras, actos terroristas, amenazas, delitos contra la integridad sexual, desaparición forzada, desplazamiento, homicidio, minas antipersonales, pérdida de muebles o inmuebles, secuestro, tortura o vinculación de niños y adolescentes a grupos armados al margen de la ley. El Estado colombiano reconoce su condición de víctimas a partir de 1985 (EFE, 2014).

5 “Más de la mitad de los gastos de nómina (54,2 por ciento), que son financiados con recursos de la Nación, se concentra en el sector defensa y seguridad, los cuales suman 12,8 billones que cubren el sueldo de 260.000 uniformados de las fuerzas militares y de 178.000 integrantes de la Policía” (Morales Manchego, 2015).

6 “La incidencia de la pobreza extrema es el porcentaje de personas que son clasificadas como pobres extremos, por tanto es un indicador que permite observar la probabilidad no condicionada de que un individuo en un departamento sea pobre extremo” (DANE, 2013: 10).

7 Esta selección se realizó inicialmente mediante el análisis de las regiones más violentas, la presencia de grupos armados y eventos de violencia conocidos. Se hizo un seguimiento de prensa y se analizaron las cifras proporcionadas por CODHES y el Registro Único de Víctimas sobre la población en condición de desplazamiento.

8 La Ley 1523/2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, ordena a todos los municipios a adelantar Planes de Manejo y Gestión del Riesgo sin que, a la fecha, la mayoría de los más de 1100 municipios colombianos los adoptasen.

Año	Pobreza	Indigencia	GINI
1991	52,5	18,7	0,546
1992	52,9	20,9	0,555
1993	50,0	17,7	0,553
1994	49,9	17,6	0,559
1995	49,5	15,5	0,560
1996	50,9	17,2	0,567
1997	52,7	18,5	0,574
1998	55,3	20,8	0,579
1999	57,5	25,4	0,600

Año	Pobreza	Indigencia	GINI
2000	55,0	19,0	0,563
2001	55,2	18,7	0,557
2002	57,0	20,7	0,575
2003	50,7	15,8	0,540
2004	52,7	17,4	0,561
2005	49,2	14,7	0,553
2008	46,0	17,8	0,589
2009	45,5	16,4	0,578